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Participamos de la asamblea de vecinos en el barrio Ramón Carrillo

12 de Abril de 2018

Participamos de la asamblea de vecinos en el barrio Ramón Carrillo

Se presentaron los avances del estudio epidemiológico-ambiental para determinar el grado de contaminación existente en el barrio. Durante 2018 se realizarán los análisis toxicológicos a los habitantes de la zona.


El pasado martes, la Defensora Lorena Lampolio y representantes del Programa de Hábitat Nº 2 del Ministerio Público de la Defensa participaron de la asamblea general de vecinos en el barrio Ramón Carrillo, donde se presentaron los avances del estudio epidemiológico-ambiental para determinar el grado de contaminación que allí existe.

El equipo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encargado de realizar el estudio, compartió los resultados realizados en 2017 sobre contaminación en el suelo del barrio. Asimismo, se hizo la presentación del equipo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA que, a lo largo de 2018, realizará estudios toxicológicos a los habitantes del barrio. Una vez concluidas ambas etapas de investigación, se podrán sacar conclusiones certeras sobre el grado de contaminación ambiental de la zona.

Durante los últimos dos años, los equipos de la Defensa Pública acompañaron a los profesionales de la Facultad de Agronomía en las distintas etapas de su investigación (conocimiento del barrio, elección de puntos de recolección de muestras, perforación de pozos para obtención y control de material, etc.)

Cabe recordar que la Ley Nº 1.333/04 había declarado la emergencia ambiental y de infraestructura del barrio, ordenando a la administración adecuar la infraestructura del barrio, ya que se encuentra emplazado en donde antes había un basural, las calles y pasajes no tienen pavimento y los fluidos cloacales corren a cielo abierto.

Tras un largo litigio, en 2010 el juez Fernando Juan Lima hizo lugar al amparo y ordenó al Poder Ejecutivo que cumpla con lo dispuesto en la ley, presentando ante el tribunal un proyecto que especifique la asignación presupuestaria y las prioridades establecidas. Además, dispuso que este informara al juzgado y a la Legislatura acerca del avance de las obras, como también acreditara los resultados de un estudio de suelo y realizara un estudio toxicológico de los habitantes del barrio, especialmente de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La decisión del juez fue confirmada por la Sala II de la Cámara en 2013.

Las investigaciones realizadas por sendos equipos de la UBA en el barrio se enmarcan en la demora por parte del Gobierno porteño en el cumplimiento de la sentencia ordenada en el expediente “AMADOR OLGA MATILDE c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO (EXP 16981/0)”. Fue así como los vecinos, patrocinados por la Defensora Lampolio, solicitaron al Jueza Paola Cabezas Cescato, la promoción de una "ejecución por terceros", es decir, que el juzgado indique a una institución calificada la realización de dichos estudios incumplidos.

Considerando la envergadura de la tarea a realizar, se decidió convocar a los representantes de la UBA para hacer efectiva la decisión incumplida, ya que la Constitución porteña dispone, en su artículo 58, que “la Universidad de Buenos Aires y demás universidades nacionales son consultoras preferenciales de la Ciudad”.

El pasado martes, la Defensora Lorena Lampolio y representantes del Programa de Hábitat Nº 2 del Ministerio Público de la Defensa participaron de la asamblea general de vecinos en el barrio Ramón Carrillo, donde se presentaron los avances del estudio epidemiológico-ambiental para determinar el grado de contaminación que allí existe.

El equipo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encargado de realizar el estudio, compartió los resultados realizados en 2017 sobre contaminación en el suelo del barrio. Asimismo, se hizo la presentación del equipo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA que, a lo largo de 2018, realizará estudios toxicológicos a los habitantes del barrio. Una vez concluidas ambas etapas de investigación, se podrán sacar conclusiones certeras sobre el grado de contaminación ambiental de la zona.

Durante los últimos dos años, los equipos de la Defensa Pública acompañaron a los profesionales de la Facultad de Agronomía en las distintas etapas de su investigación (conocimiento del barrio, elección de puntos de recolección de muestras, perforación de pozos para obtención y control de material, etc.)

Cabe recordar que la Ley Nº 1.333/04 había declarado la emergencia ambiental y de infraestructura del barrio, ordenando a la administración adecuar la infraestructura del barrio, ya que se encuentra emplazado en donde antes había un basural, las calles y pasajes no tienen pavimento y los fluidos cloacales corren a cielo abierto.

Tras un largo litigio, en 2010 el juez Fernando Juan Lima hizo lugar al amparo y ordenó al Poder Ejecutivo que cumpla con lo dispuesto en la ley, presentando ante el tribunal un proyecto que especifique la asignación presupuestaria y las prioridades establecidas. Además, dispuso que este informara al juzgado y a la Legislatura acerca del avance de las obras, como también acreditara los resultados de un estudio de suelo y realizara un estudio toxicológico de los habitantes del barrio, especialmente de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La decisión del juez fue confirmada por la Sala II de la Cámara en 2013.

Las investigaciones realizadas por sendos equipos de la UBA en el barrio se enmarcan en la demora por parte del Gobierno porteño en el cumplimiento de la sentencia ordenada en el expediente “AMADOR OLGA MATILDE c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO (EXP 16981/0)”. Fue así como los vecinos, patrocinados por la Defensora Lampolio, solicitaron al Jueza Paola Cabezas Cescato, la promoción de una "ejecución por terceros", es decir, que el juzgado indique a una institución calificada la realización de dichos estudios incumplidos.

Considerando la envergadura de la tarea a realizar, se decidió convocar a los representantes de la UBA para hacer efectiva la decisión incumplida, ya que la Constitución porteña dispone, en su artículo 58, que “la Universidad de Buenos Aires y demás universidades nacionales son consultoras preferenciales de la Ciudad”.