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La Cámara porteña decidió que no es requisito mantener residencia en la Ciudad para recibir un subsidio habitacional

17 de Octubre de 2016

La Cámara porteña decidió que no es requisito mantener residencia en la Ciudad para recibir un subsidio habitacional

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, por mayoría, hizo lugar a los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Tutelar, para que una mujer jefa de familia pueda seguir percibiendo un subsidio habitacional. El Gobierno porteño había concedido ese beneficio por orden judicial, aunque la decisión había sido revocada por un juez de primera instancia, debido a que la actora no continuaba residiendo en la Ciudad.


La mujer, de 28 años, tiene dos hijas (una sufre de asma) y se encuentra en tratamiento por consumir sustancias psicoactivas desde su adolescencia. El subsidio que percibía le había permitido alquilar una habitación en Avellaneda. Pero cuando solicitó su renovación, le fue denegada y terminó siendo desalojada con sus niñas.

La Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5 de la Ciudad, a cargo de Ramiro Dos Santos Freire, planteó, al recurrir la decisión del juez, que el requisito de residencia mínimo para que personas en estado de vulnerabilidad social perciban prestaciones “es un filtro inadmisible para la efectividad de los derechos económicos sociales y culturales”. Asimismo, afirmó que las normas no prohíben el pago de un alojamiento fuera de la Ciudad y que el mismo Gobierno había decidido cumplir la cautelar, dejando a la mujer la búsqueda de un lugar adecuado para vivir, de acuerdo al valor de las locaciones en el mercado.

En el voto mayoritario, los jueces plantearon que si bien la ley 4036 prevé que las personas que se hallan en estado de vulnerabilidad deben tener residencia en la Ciudad no menor a dos años para percibir el subsidio, “se entiende que el cumplimiento del requisito de la residencia debe verificarse en la primera oportunidad que debe decidirse sobre la procedencia del subsidio, ya sea que dicha ocasión tenga lugar en sede administrativa o, eventualmente, judicial”.

Considerando que al tiempo de la concesión del subsidio la actora residía en la Ciudad y que estaba comprobada su vulnerabilidad social, los magistrados señalaron además que, en este caso particular, “se debate el cumplimiento, por parte del Gobierno, de mandatos constitucionales específicos tendientes a preservar bienes jurídicos elementales de la persona humana”.

Los jueces establecieron los alcances concretos de la asistencia que deberá brindársele a la actora y determinaron que el Gobierno deberá adecuar la prestación que se concede en el fallo, en el marco de la ley 4036, atendiendo a la composición del grupo, estipulando las unidades consumidoras en que se traduce dicha composición, según la canasta de consumo alimentaria elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño.

Para ello, los camaristas señalaron que se deberán tomar “los valores que corresponden al género al que se le otorga el porcentual más elevado”. Y que “si la aplicación del mecanismo referido diese como resultado una prestación económica más exigua que los montos establecidos, a través de los decretos 690/06 y sus modificatorios, la demandada deberá ajustar su prestación a las sumas estipuladas en esta última normativa”. “Al momento de concretar la ejecución de la medida, deberá recurrirse a aquella opción que, de acuerdo con el marco normativo vigente, resultase más beneficiosa para quien se encuentre en situación de vulnerabilidad”, expresaron. 
De acuerdo al criterio de la Defensoría, los requisitos de residencia introducidos por la ley 4036, son constitucionalmente cuestionables, toda vez que generan un sesgo discriminatorio y restrictivo en la garantía de derechos fundamentales como la vida y la vivienda digna.

“En particular, esta legislación introduce un requisito de residencia mínima que puede llevar a la discriminación de migrantes (ya sea extranjeros o habitantes de las provincias argentinas) en materia de derechos sociales, lo que resulta ajeno a la letra y al espíritu de la Constitución argentina”, explicaron los representantes de la Defensa Pública. Y concluyeron: “La sentencia resulta positiva, ya que aún dentro de un contexto actual de regresividad en materia de derechos sociales, realiza una interpretación más amplia sobre el requisito de residencia que se exige para acceder a determinados beneficios.”