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El MPD advierte sobre la saturación del sistema judicial a un año de la desfederalización

04 de Mayo de 2020

El MPD advierte sobre la saturación del sistema judicial a un año de la desfederalización



La desfederalización de los llamados “delitos menores” de drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó hace poco más de un año. Esta medida permite a la policía local asumir la persecución de quienes tienen o consumen alguna sustancia ilegal en la vía pública y de los eslabones más débiles de la cadena de distribución: la venta al menudeo. El sistema de administración de Justicia de la Ciudad viene afrontando la saturación mediante el archivo de la mayoría de las causas cuando son de tenencia para consumo personal, figura declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009; sin embargo, el hostigamiento policial y la criminalización son inevitables.

Del mes de enero de 2019 no tenemos estadísticas porque ese primer mes, cuando se puso en marcha este traspaso, hubo un colapso. Las fiscalías permitieron todas las detenciones por infracción a la ley de drogas, incluyendo la tenencia para consumo personal. Hubo más de mil detenciones ese mes. Ni siquiera las fuerzas de seguridad lograban procesar los estudios de antecedentes penales de las personas que demoraban”, sostiene Marcela Millán, Defensora Adjunta PCyF del MPD, y agrega: “La desfederalización es un fenómeno reciente en la Ciudad y ahora estamos viendo donde apuntar los cañones. Vemos una desproporción de las penas, especialmente en la comercialización por lo que se podría intentar, como estrategia de defensa, perforar el piso de la pena de cuatro años o pedir la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la pena de multas en estos delitos, que es grandísima."

La Dirección de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad del Ministerio Público de la Defensa registró, entre febrero y diciembre de 2019, alrededor de 2400 detenciones en flagrancia (no se incluyen allanamientos ni arrestos ordenados por la fiscalía). El 42% fue calificado como “tenencia simple”, una figura que involucra penas de uno a seis años, cuando no puede determinarse uso personal o comercialización. 

La inversión de la carga de la prueba es evidente: ante la duda debería beneficiarse al acusado o acusada, pero aquí la duda deriva en castigo. Generalmente, esta figura se aplica cuando la policía cree que es “mucha” la cantidad secuestrada y la fiscalía convalida esta presunción. Estas causas no suelen archivarse, por lo que a veces derivan en una suspensión de juicio a prueba. En el 31% de las causas ingresó como tenencia con fines de comercialización, con penas que van de 4 a 15 años. Millán advierte que en esta categoría caen, en muchos casos, “los eslabones débiles del negocio en un contexto social complicado”. 
 

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