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La justicia reconoce el carácter secreto de la investigación de la defensa

01 de Noviembre de 2016

La justicia reconoce el carácter secreto de la investigación de la defensa

El 12 de octubre pasado, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 23 de la Ciudad, Norberto Circo, resolvió, en relación con la solicitud de auxilio judicial efectuada en una causa por el Defensor interino de la Defensoría Oficial N° 16, Octavio Paganelli, hacer lugar a algunos de los medios de prueba solicitados y, en particular, autorizar a que no se den a conocer dichas medidas al Ministerio Público Fiscal.


El Defensor había pedido auxilio judicial (en los términos del artículo 211 del Código Procesal Penal de la Ciudad –CPPCABA-) a fin de obtener autorización judicial respecto de una serie de medidas de prueba que, por diversas razones, no podían realizarse de manera autónoma, pero que, según lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los magistrados de este Ministerio tienen la facultad de requerir “para el mejor cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su competencia”.

En este marco, había requerido expresamente al juez que las medidas de investigación y la información resultante no fueran comunicadas a la contraparte (es decir que se remitiera en sobre cerrado directamente a la Defensoría y sin acceso para la Fiscalía), hasta tanto se evaluara si la misma sería o no ofrecida para el debate en la etapa intermedia.

Había argumentado, al respecto, que el Defensor penal no está obligado a mostrar o descubrir sus evidencias al Fiscal durante la etapa de investigación, a fin de que éste no pueda valerse de ellos en contra de la persona acusada. Pues esta simple posibilidad, colocaría al asistido en la situación de tener que decidir entre renunciar a su derecho constitucional a probar y ofrecer prueba de descargo (sobre todo, en un proceso seguido por un delito con inversión de tal carga -art 1° de la Ley 13944-) o asumir el peligro de que las medidas por él solicitadas acabaran colaborando con la persecución penal seguida en su contra.

De esta manera, a criterio del Defensor, el proceso penal - pensado como estatuto liberal de la persona acusada - acabaría conspirando en contra del propio ciudadano protegido, el que perdería todo incentivo para ejercer su derecho a probar la falsedad de la acusación o inocencia. Tal escenario, podía resolverse – según había explicado Paganelli - si el juez de garantías adoptaba en el caso todos los recaudos para mantener en “secreto” el auxilio judicial solicitado y sus resultados.

En el fallo, el magistrado entendió que asistía razón a la defensa al solicitar que no se den a conocer los pedidos formulados y sus resultados al Ministerio Público Fiscal, “toda vez que, de darse a conocer esas medidas solicitadas por la defensa, podría adelantarse la estrategia de esa parte, y se vería afectado, en consecuencia, el derecho de defensa del imputado”.

Cabe destacar que este criterio jurisprudencial viene imponiéndose lentamente entre los diversos magistrados de primera instancia. Asimismo, los representantes de la Defensa Pública manifestaron que “este pronunciamiento es valioso en tanto reconoce que si no hay investigación secreta, se expone al ciudadano al riesgo de que se lo condene en base a los resultados de una investigación desplegada en su exclusivo beneficio.” “Sin investigación secreta del defensor penal, no hay verdadero juicio justo (fair trial)”, concluyeron.