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A la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires

23 de Abril de 2021

A la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires



A la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires:

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad siempre sostuvo  una política institucional en defensa del derecho constitucional a la educación, pilar esencial de una sociedad justa y democrática, propiciando la inclusión y la igualdad de oportunidades, y resguardando especialmente los derechos de grupos o sectores en situación de vulnerabilidad social.

En tal sentido, a lo largo de los años, se desarrollaron múltiples acciones para garantizar el acceso a las vacantes escolares en el nivel inicial o primario (en conformidad al artículo 24 de la Constitución de la Ciudad), así como también, gestiones administrativas y/o judiciales en resguardo al Derecho a la Información y a la participación de la comunidad educativa, el adecuado mantenimiento de la infraestructura escolar y su financiamiento, o la defensa de la continuidad de establecimientos educativos para evitar su cierre o achicamiento, entre otras cuestiones.

En este marco, y ante la situación excepcional planteada por la pandemia, es necesario desplegar acciones que, con la mayor responsabilidad, garanticen el Derecho a la Educación pero que, a su vez, sostengan y respeten las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades competentes. Esto último, deviene de carácter necesario para mitigar los efectos de la pandemia en resguardo del derecho a la vida y la salud de todos los habitantes.

En la coyuntura actual se observa que crearon situaciones de incertidumbre que preocupan a muchas familias, que reciben información contradictoria y cambiante sobre la organización de la vida escolar.

En estas circunstancias, este Ministerio entiende que debe respetarse el derecho de las familias que, en función de su autonomía, y a fin de preservar su salud, prefieran no concurrir en forma presencial a los establecimientos educativos y garantizar en estos casos la continuidad de la educación virtual. Asimismo, esta opción no debe ocasionar ningún perjuicio para los alumnos/as (como cómputo de faltas, pérdida de vacantes, baja de becas, entre otros).

A su vez, debe garantizarse la conectividad adecuada y de calidad de todos los alumnos, para garantizar el funcionamiento de esta modalidad.

En tales condiciones, teniendo en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como también los derechos de los padres en el ejercicio de su responsabilidad parental, este Ministerio se encuentra a disposición de la comunidad educativa para su asesoramiento y acompañamiento, en pos de la protección integral de sus derechos.

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