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El MPD pidió un informe sobre los contaminantes hallados en el suelo de la Villa 21-24

11 de Julio de 2018

El MPD pidió un informe sobre los contaminantes hallados en el suelo de la Villa 21-24

El Ministerio Público de la Defensa presentó un oficio ante la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPECUMAR) y otro ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a fin de solicitar información sobre los materiales contaminantes que se hallaron en el suelo de la Villa 21-24.


El Defensor General Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, presentó un oficio ante la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR, dependiente del Gobierno porteño) y otro ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a fin de solicitar información sobre los materiales contaminantes que se hallaron en el suelo de la Villa 21-24.

El pedido, fundado en la Ley de Acceso a la Información (Ley 104), el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley 303) y la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), se originó a raíz de la publicación de un artículo periodístico (cuyos datos luego circularon por distintos medios de comunicación), acerca del hallazgo, durante la realización de trabajos de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable, de 3.000 m3 de tierra con restos de plomo.

En los oficios, se requiere que, ante “la gravedad que dicha información reviste por su posible afectación a la salud de la población”, se dé a conocer en el plazo de 10 días: qué materiales se hallaron y qué destino se les dio; en qué zonas se los extrajo, a qué profundidad y cuáles son los niveles de concentración; qué población se estima que estuvo expuesta (sobre todo, cuántos menores, embarazadas y personas inmunodeprimidas); qué impacto puede existir en la salud y qué acciones se están realizando; cuáles son las fuentes probables de la contaminación; cuál fue el primer registro de la existencia de material contaminado y cómo se realizaron los estudios. Además, se solicita, entre otras cuestiones, que se informe de qué manera se está extrayendo y transportando el suelo contaminado; qué medidas se implementan para proteger a los trabajadores; y cuáles son los organismos públicos que están interviniendo y las empresas que están operando en el área.

En particular, la presentación del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad apunta a que se indique si para los estudios realizados “se tuvo en cuenta que el predio, anteriormente, se utilizaba para la incineración de residuos urbanos”. Por ende, allí podrían encontrarse diversos tipos de materiales pesados, químicos y contaminantes orgánicos. En este sentido, pregunta “si se analizarán otras zonas del barrio por fuera del lugar de la obra, a fin de evaluar si también están contaminadas”.  

Finalmente, se pide conocer “cuál será el trabajo de recomposición de los suelos, cuándo se iniciará y cómo se procederá ante los suelos de los complejos donde las familias se relocalizarán en un futuro”. 

La Defensa Pública defiende los derechos de los miles de vecinos que viven en los barrios y asentamientos afectados por la liberación del camino de sirga, ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en julio de 2008, ante los daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo. Acompaña tanto a las familias que aún habitan sobre el camino ribereño, como a aquellos que ya han sido relocalizados y a quienes viven fuera del camino y esperan una política de urbanización e integración urbana.