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El MPD interviene en el debate sobre el Proyecto de “Ley de integración productiva e impulso al trabajo en barrios populares”

27 de Mayo de 2022

El MPD interviene en el debate sobre el Proyecto de “Ley de integración productiva e impulso al trabajo en barrios populares”

El documento elevado a la Legislatura por la Defensoría General Adjunta de este MPD sistematiza las observaciones institucionales respecto de este proyecto de ley.



 

 

Este martes 24 de mayo, el Defensor Ramiro Dos Santos, como representante del MPD, expuso las consideraciones institucionales respecto del Proyecto de “Ley de integración productiva e impulso al trabajo en barrios populares”, tratada en la Reunión Conjunta entre las Comisiones de Políticas de Promoción e Integración Social y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, encabezada por la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo.

Dos Santos presentó algunas de las observaciones al proyecto que fueron  oportunamente elevadas a la Legislatura por el Defensor General Adjunto, Miguel Pablo Talento Bianchi, y  elaboradas en forma conjunta por  las Secretarías Letradas de Derecho al Hábitat, la de Trabajo y Economía Popular y la de Género y Diversidad Sexual de este MPD. 

El Proyecto en debate tiene por objeto “promover el desarrollo económico de barrios populares de la CABA, mediante el otorgamiento de beneficios e incentivos impositivos a quienes realicen inversiones destinadas al desarrollo de espacios de explotación comercial dentro de dichas áreas.” Para ello, se propone crear el Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares, así como también poner en marcha un Registro Único de Distritos Económicos, en el que deberán inscribirse las empresas privadas que se comprometan a invertir en los barrios. 

En su intervención, el Defensor se centró en cuatro de los ejes planteados en el documento del MPD. En primer lugar, señaló la preocupación de la Defensa Pública por la falta de participación de los y las vecinas en los procesos de toma de decisión que los afectan. Recordó que el principio de participación ciudadana es esencial para el sostenimiento de la democracia participativa que consagra la Constitución local —y que también está contemplada en  las leyes de urbanización sancionadas por la Legislatura—: “proyectos como este deben ser debatidos en las instancias institucionales que establecen las leyes,  para que la voz de los vecinos sea escuchada en los propios barrios”. 

En segundo lugar, se refirió a la importancia que tiene contemplar cómo se articularán  las actividades productivas que ya existen en los barrios con las de las empresas que gozarán de beneficios impositivos. Porque, tal como se reseña en el documento,  quienes habitan y producen en barrios populares lo hacen hoy  “sin inversión ni acompañamiento alguno del Estado” y “la competencia terminará ahogando las actividades económicas de sus habitantes”. 

En tercer lugar, Dos Santos, hizo hincapié en el cupo de  la contratación de 30% de empleados/as del barrio prevista en el Proyecto:  “es un porcentaje demasiado bajo respecto de las necesidades de empleo” de los barrios y además, si las empresas no encuentran perfiles adecuados, pueden incumplirlo ya que no se exige la implementación de capacitaciones ni se contempla la desigualdad de género en este terreno. De lo anterior se desprende que, tal como está,  la ley no podría satisfacer aquello a lo que aspira, aumentar la empleabilidad de quienes viven en estos barrios.

Finalmente, en cuanto al valor del suelo y la vivienda, señaló el Defensor que, es esencial estudiar el impacto que tiene la creación de distritos, especialmente en el caso de barrios populares, porque “ampliar la constructibilidad y favorecer la inversión externa sin regular el mercado inmobiliario acentúa problemas habitacionales y encarece el acceso a la vivienda” y “se sabe que en los barrios populares la falta de viviendas y de tierra para construirlas es una grave problemática”. 

El documento realiza también una serie de aclaraciones respecto de la posesión y enajenación de bienes inmuebles que traerá aparejado el Proyecto (teniendo en cuenta la falta de regularización dominial en los barrios populares), la ausencia de medidas para evitar o reducir los efectos de la gentrificación, la falta de información respecto a cuáles son los diagnósticos o estudios sobre los que se ha realizado la propuesta, la necesidad de tomar en cuenta la perspectiva de género y el impacto del proyecto en las mujeres y, por último, diversos aspectos formales que resultaría necesario clarificar.  

El documento completo presentado por el MPD puede leerse aquí: