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El MPD presentó el Informe sobre Violencia Institucional 2018

25 de Abril de 2019

El MPD presentó el Informe sobre Violencia Institucional 2018

El MPD realizó un informe que devela quiénes fueron las principales víctimas de violencia institucional en la Ciudad durante el año pasado: vendedores ambulantes, migrantes, personas en situación de calle y trabajadoras sexuales.


El Informe sobre Violencia Institucional 2018 presenta los casos ingresados en las distintas dependencias del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad durante el período que abarca desde el 1° de marzo al 31 de diciembre de 2018. En este lapso, se registraron 623 casos de personas que manifestaron haber sufrido hechos de violencia institucional.

El contenido del informe abarca un año particular para la Justicia de la Ciudad, ya que durante 2018 se incorporó, de forma progresiva, la competencia en los delitos penales establecidos en el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad. Específicamente, esto implicó el traspaso de competencias en materia de delitos como el atentado contra la autoridad (art. 237 Cód. Penal) y la resistencia a la autoridad (art. 239 Cód. Penal); figuras que suelen ser utilizadas por las fuerzas de seguridad para encubrir el uso abusivo de la fuerza o detenciones arbitrarias.

En el mismo período, la Policía de la Ciudad también fue reorganizada, modificando las jurisdicciones territoriales: pasó a una comisaría por comuna (15 en total) y tres o cuatro comisarías vecinales por comuna, en lugar de las tradicionales comisarías seccionales.

Por último, a fines del año 2018, la Legislatura de la Ciudad aprobó la reforma al Código Procesal Penal (ley 6.020) en donde el MPD realizó una crítica a las modificaciones basadas en razones de celeridad y eficiencia de la investigación penal, que afectaban el derecho de defensa. También se aprobó la  reforma al Código Contravencional y a la Ley de Procedimiento Contravencional (ley 6128), incorporando nuevas figuras que criminalizan actividades de subsistencia en el espacio público, se agravan  las penas en otras figuras y se amplían  los supuestos donde la policía puede llevar adelante la coacción directa.

Imputaciones por delitos y contravenciones

En 527 casos de las 623 personas que manifestaron haber sufrido hechos de violencia institucional, se imputaron delitos, mientras que en 95 casos del total se imputaron contravenciones (teniendo en cuenta que en diez casos se imputaron delitos y contravenciones en modo conjunto, y que en 11 casos no hubo imputación sino, directamente, denuncia de violencia institucional).

Respecto de las imputaciones penales, las figuras de atentado contra la autoridad y resistencia a la autoridad fueron las más utilizadas, constituyendo el 80,65% de los casos (425 personas), lo que lleva a la conclusión general de que o bien las fuerzas de seguridad responden a este tipo de delitos con violencia desproporcionada, o que, al mismo tiempo, son las figuras utilizadas para detener arbitrariamente a los sujetos que la policía identifique previamente.

También es importante considerar a las personas imputadas por infracción a la Ley de Marcas, aunque sólo representan el 5,5% (29 personas), porque como es un delito que tramita la Justicia Federal, el/la imputado/a víctima de violencia institucional tiene que acercarse hasta una sede del Programa contra la Violencia Institucional del MPD para realizar la denuncia, lo que puede provocar una alta tasa de subregistro en lo que podría significar un nuevo modo de criminalizar a vendedores ambulantes.

Con relación a las imputaciones por contravenciones, el 77,9% de los casos de violencia institucional fueron por el capítulo vinculado al “Uso del Espacio Público”. Dentro de éstos, en la mayor cantidad de casos se imputó el Art. 86, que tipifica las actividades lucrativas sin autorización en la vía pública, y que normalmente recae en las personas que se dedican a la venta ambulante.

Ocupación de las personas afectadas

Con respecto a la actividad a la que se dedican las personas que manifestaron haber sufrido hechos de violencia institucional, el 89.88% tiene un trabajo informal, entre los cuáles los grupos mayoritarios se vinculan, efectivamente, a actividades de subsistencia en la vía pública: venta ambulante, trabajo sexual, cuidacoches y arte callejero encabezan la lista. Por último, se identificaron 49 personas que estaban en situación de calle (8,51%).

Los datos demuestran que lo que se castiga con violencia institucional es la utilización del espacio público para realizar actividades de subsistencia.

Nacionalidad

Sobre 615 casos con respuesta, el 76% fueron actos de violencia institucional sobre personas nacidas en Argentina. Pero llamativamente, entre las personas no nacidas en el país, la mayoría de los casos afectó a personas de origen africano: el 57,53% (84 personas sobre un total de 146 de nacionalidad no argentina) son de nacionalidad senegalesa. Esta desproporción indica que las personas senegalesas fueron especialmente afectadas por la violencia institucional.

Violencia institucional por territorio

Las zonas de la Ciudad donde más ocurrieron hechos de violencia institucional están vinculadas a espacios donde se realizan actividades de subsistencia en la vía pública. En la Comuna 13 (en los alrededores del estadio de River Plate) se produjeron muchas detenciones en relación a los partidos de fútbol, en especial, por la final de la Copa Libertadores de América, aunque también  allí hay muchos puestos de venta de comida en la calle. Luego, en la Comuna 7, en proximidades a la Avenida Avellaneda, en donde existió una persecución violenta a vendedores ambulantes, en especial a los de origen senegalés. Asimismo, en la Comuna 3, en los alrededores de Plaza Once, donde hay una fuerte circulación de vendedores ambulantes y gente en situación de calle.

También, en un segundo nivel de cantidad de hechos, se produjeron muchas detenciones arbitrarias contra manifestantes en la zona de Plaza de Mayo.

 

El Informe sobre Violencia Institucional 2018 está disponible para su descarga a continuación:


Informe sobre Violencia Institucional 2018