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Juicio por Jurados: un desafío urgente para el sistema judicial

08 de Octubre de 2020

Juicio por Jurados: un desafío urgente para el sistema judicial

El Juicio por Jurados forma parte de un mecanismo judicial que permite la participación ciudadana en el proceso condenatorio. Según la Defensora General Adjunta del fuero penal del MPD, Marcela Millán, “es en el juicio por jurados donde mejor se expresa la soberanía popular porque el pueblo integra el sistema judicial y participa en decisiones relevantes del derecho penal”. La Ciudad de Buenos Aires aún espera su sanción.


El Juicio por Jurados se propone como un mecanismo de la justicia de carácter democratizador. Esta instancia es mirada con buenos ojos por un gran arco de instituciones ya que incorpora la deliberación mediante la participación popular en el Poder Judicial. Este instrumento establece que cualquier persona que haya cometido un delito, cuya pena mínima sea igual o mayor a 8 años de privación de la libertad, debe ser juzgada por sus pares. Es decir, por otros ciudadanos/as. Esta modalidad de juzgamiento fue implementada en algunas provincias a nivel nacional y en algunas localidades del Gran Buenos Aires.

En el año 2013 el Consejo de la Magistratura de la Ciudad dispuso la creación de una comisión ad honorem para la redacción de la normativa correspondiente a la implementación y regulación del Juicio por Jurados. Entre los fundamentos del proyecto presentado en 2014 se describe que la participación popular, en la estructura del sistema judicial, es considerada por la Constitución Nacional (Art. 24). En ella se establece, en términos de garantías, la posibilidad de la persona acusada a ser juzgada por los pares, pero también, como derecho inalienable de la ciudadanía a participar de la administración de la justicia cuando se juzguen los así llamados “crímenes”.

La Defensora General Adjunta, Marcela Millán, como representante del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, el cual forma parte de la discusión y solicitud por la aplicación del Juicio por Jurados, afirmó “es en el juicio por jurados donde mejor se expresa la soberanía popular porque el pueblo integra el sistema judicial y participa en decisiones relevantes del derecho penal. Es el pueblo el que decide si se aplica o no el poder penal estatal a un ciudadano/a”.

Este año, las legisladoras Maria Rosa Muiños y Claudia Neira presentaron un proyecto de ley similar al redactado por la Comisión en 2014, ya que este había perdido estado parlamentario. Sin embargo, se modificaron algunas disposiciones de cara a la paridad de género de los jurados y se incorporaron algunas particularidades con relación a la recusación de jurados, en tanto la misma no viole el cupo de paridad. 

Actualmente existen tres proyectos en estado parlamentario, además del mencionado en el párrafo anterior, en la Legislatura porteña que fueron presentados por los legisladores Sagasti, Leandro Halperín y Claudio Cingolani, respectivamente.

Características del Juicio por Jurados 

De acuerdo con el proyecto presentado  en 2014 por la Comisión redactora existen ciertos requerimientos en la conformación del jurado y de las partes implicadas conforme a experiencias de diversos países y provincias.

En primer lugar, el jurado deberá estar integrado por 12 miembros titulares y dos o más suplentes (de acuerdo a la complejidad del caso) para los delitos graves. Todas las personas titulares deberán ser argentinos/as, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los/las naturalizados y tener entre 18 y 75 años; saber leer y escribir; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en CABA. Quedan exceptuados de la titularidad, en calidad de incompatibilidad, las/os funcionarios/as de los poderes legislativos.        

En segundo lugar, el proyecto establece una instancia formativa del jurado y de instrucciones del juez, en las que se establece que las mismas “deberán estar redactadas de manera que permita que el público general y, en especial, la persona acusada, puedan entender el significado y los fundamentos del veredicto que el jurado tiene que pronunciar”.

 Y en tercer lugar, el veredicto deberá determinar de manera unánime la culpabilidad o inocencia. El proyecto original afirma que en los países con jurado clásico se alcanza la unanimidad en el 98% de los casos. Por último, el jurado emite veredicto sin expresión de los motivos de su decisión.  

En relación con esto,  Millán destaca que “no solo que la decisión fruto de este proceso se legitima por su mismo mecanismo de funcionamiento, sino que la virtud de la deliberación es la posibilidad de poder generar educación en términos democráticos y entender la responsabilidad que supone emitir un veredicto”.

Desafíos para las instituciones judiciales

El Juicio por jurados no sólo garantiza la instancia deliberativa y otorga la posibilidad de generar un mecanismo de participación ciudadana en el proceso de enjuiciamiento, sino que también establece responsabilidades y desafíos para los organismos intervinientes en el proceso judicial.

Según lo especificado por la defensora Millán, en el caso de la Fiscalía, “deberá analizar si el caso es verdaderamente plausible para ser llevado a un juicio por jurados. De esta manera, se reconfigura su tarea en tanto debe construir, presentar y desarrollar de otra forma la hipótesis de imputación. Asimismo, este organismo debe presentar una importante cantidad de evidencia y relatar los hechos de forma tal que puedan ser entendidos por todas las personas involucradas”.

En tanto, para el Ministerio Público de la Defensa constituirá un desafío vinculado a la necesidad de profundizar la capacitación en distintas habilidades. Según la explicación de Millán “tenemos que capacitarnos en trabajar fuertemente para que la prueba que pase a la etapa de juicio sea prueba que no confunda al jurado. Que la prueba no incurra en el riesgo de que se corra el foco de lo que tiene que ser debatido en juicio. Ya no puede ser admitido algo que no sea analizado minuciosamente porque esos elementos de prueba serán los que el jurado evaluará para determinar la inocencia o culpabilidad de nuestro defendido”. En esta línea, la defensora establece que la admisibilidad de la prueba se vuelve una instancia estratégica para el fortalecimiento del procedimiento.

Para finalizar, Marcela Millán argumenta que “como explica Binder -especialista en derecho procesal penal-  el Juicio por Jurados cobra relevancia en un contexto institucional signado por la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones del sistema de justicia. Frente a la dificultad de gestión de sociedades cada vez más conflictivas, y con un alto componente de violencia, los jurados son impulsados por la clase política para canalizar el descontento y las demandas sociales, pero también proyectan una transformación que puede sacudir los cimientos del sistema de justicia”. 

 


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