En 2013, en el marco de la causa ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA (ACIJ) Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA), la Justicia local ordenó al Gobierno de la Ciudad resolver la situación de riesgo eléctrico en todo el territorio de la Villa 21-24. 

Sin embargo, nueve años después, un relevamiento de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del MPD —que forma parte del expediente judicial y al que se puede acceder más abajo— demuestra que la intervención de la administración local únicamente se ha centrado en un determinado sector del barrio, denominado "Tierra Amarilla”. Además, las tareas en este sector se realizaron de manera incompleta y deficitaria. 

La Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social tiene como objetivo coordinar el trabajo interdisciplinario de los equipos de soporte y brindar apoyo a la labor judicial de los y las Defensores/as del MPD. Está a cargo del Defensor Ramiro Dos Santos Freire, quien coordinó el relevamiento a fin de evaluar los niveles de ejecución y el impacto de las obras de mejora y mantenimiento del servicio eléctrico que realizó el GCBA en el sector de Tierra Amarilla, tanto respecto a las viviendas como al espacio público.  

El informe fue realizado con la participación de los vecinos, vecinas y organizaciones que conforman la “Mesa de Riesgo Eléctrico de la Villa 21-24”. Del mismo se destacan las siguientes situaciones:

1. La lentitud en la implementación de las obras del Gobierno local, que recién comenzaron en 2019, con un promedio de 11 viviendas readecuadas por mes. Es decir que de las 305 viviendas calificadas por el GCBA como de riesgo crítico o alto en 2018, quedan todavía 195 sin reparar. De mantenerse este ritmo de trabajo, las obras finalizarían recién dentro de 47 años.
2. En los espacios públicos y en las calles del sector Tierra Amarilla, el tendido eléctrico posee altos niveles de riesgo eléctrico. Entre otras situaciones, se verifica la presencia de instalaciones precarias, cableados cuya altura no respeta los parámetros reglamentarios y utilización de materiales no adecuados y sin aislación para asegurar el tendido en el espacio público. Todo ello expone a quienes transitan por estos espacios a sufrir accidentes derivados del riesgo eléctrico.
3. Las tareas que está llevando a cabo el Gobierno local para resolver el problema son parciales e incompletas y demuestran falta de planificación y de adecuación a la necesidad de brindar un servicio eléctrico, seguro, público y de calidad en todo el territorio de la Ciudad.
4. Finalmente, la planificación de las obras del GCBA no abarca todas las situaciones de riesgo eléctrico en Tierra Amarilla, ya que el 55,2% de las viviendas del sector no fueron relevadas.

Tanto la inacción estatal, como la estrategia de focalización y las deficiencias en las intervenciones del Gobierno de la Ciudad para mitigar y resolver las situaciones de riesgo eléctrico, ponen en riesgo la salud y la calidad de vida de las personas que viven en la Villa 21-24. Por ello, desde la Defensa Pública, en tanto organismo que promueve el derecho a la ciudad como un derecho fundamental, se continuará acompañando a los vecinos y vecinas del barrio y reclamando que se cumpla en su totalidad con lo ordenado judicialmente.

El informe completo puede consultarse más abajo: