El 21 de septiembre, la Defensora General Marcela Millán participó del Foro por una Nueva Política de Drogas. Hacia un Debate Informado, coorganizado por las distintas asociaciones nucleadas en el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis —entre las que figura el CELS— y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación de la CABA y contó con tres paneles de discusión y debate sobre las diversas cuestiones y objetivos que una nueva política pública de drogas debería contemplar. Entre ellas, minimizar las secuelas del narcotráfico, proteger la salud pública y desincentivar el consumo, sobre la base del respeto a los derechos humanos.
La Defensora General integró el primer panel Las consecuencias del prohibicionismo. Un diagnóstico desde el territorio, el sistema penal y la atención a la salud junto con Nacho Levy, referente de "La Garganta Poderosa" y Yamila Pereyra, Coordinadora de las Guardias Interdisciplinarias del Hospital en Red “Laura Bonaparte”.
Durante su intervención, señaló que pese al entusiasmo inicial que provocó en 2019 la transferencia de competencias federales en materia de estupefacientes a la Ciudad, tanto la cantidad de causas como el modelo de intervención de la policía local y del MPF para atender la problemática, dan cuenta de que “las cosas no están funcionando bien”. En particular, se refirió a la situación alarmante de las causas iniciadas por las figuras de tenencia simple, tenencia para consumo personal y comercialización. Planteó que desde 2020 hasta la fecha, a pesar de que el MPF creó áreas especializadas y áreas de investigación específicas, la mayoría de las causas que se tramitan ante la Justicia de la Ciudad siguen vinculadas a las figuras de tenencia simple y tenencia para consumo personal y el número de casos por comercialización sigue siendo comparativamente muy bajo. “En 2020, alrededor de 14000 personas fueron imputadas por tenencia para consumo personal y solo se abrieron 250 causas por comercialización. ¿Cambió esta situación en 2021? La respuesta es no. En 2021, la cantidad de casos por tenencia supera los 10000 y las causas ligadas a comercialización rondan los 300 a 400 casos.” Además, agregó: “la persecución sigue siendo selectiva. Son las Comunas 1, 4 y 8 — Retiro, Barracas y Lugano— las que concentran las imputaciones por consumo”. Todo lo anterior muestra, a su entender, que el Estado local continúa abordando la problemática desde la perspectiva tradicional punitivista, estigmatizante, que criminaliza a quienes consumen y que promueve la violencia institucional, en especial la de las fuerzas de seguridad: “No hay políticas de investigación criminal de calidad como tampoco hay presupuesto público asignado al área de salud para atender a las personas que padecen adicciones”.
Tal como señaló la Defensora General, la participación de la Defensa Pública en mesas de discusión plurales que promueven el debate informado para realizar diagnósticos reales, “da cuenta de la responsabilidad institucional que le cabe al MPD, como parte del Poder Judicial porteño, de contar con información confiable, una foto, que permita evaluar el impacto de la transferencia de competencias en materia de estupefacientes y la manera en la que se implementan y gestionan en la Ciudad las políticas públicas destinadas a las drogas”.