La Defensora General del MPD, Marcela Millán, estuvo presente en la audiencia convocada hoy por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR. Se trató de la primera audiencia de carácter público y participativo organizada por el organismo, llevada adelante de manera virtual y transmitida en simultáneo a través de YouTube. La reunión tuvo el objetivo de permitir y promover la efectiva participación ciudadana en relación a la reelaboración del Sistema de Indicadores de ACUMAR, en particular, en relación a la modificación de los Anexos II y III de la Resolución Nº 39/2017. 

Durante su exposición, Millán reforzó la importancia de reformular el sistema de indicadores en el marco de los tratados internacionales de protección de los Derechos Humanos: “El Estado argentino, al ratificar los tratados internacionales, incorporó un enfoque de Derechos Humanos que tiene que ser el norte y la guía de la elaboración e implementación de las políticas públicas y para cualquier formulación de medidas que involucre el cumplimiento de un derecho”, sostuvo la Defensora General.

Millán también reflexionó respecto del acento que ACUMAR ha puesto a lo largo de los años en la cuestión de la gestión estatal que, aunque fue complementada con indicadores socioeconómicos y sociodemográficos, careció de la mirada y la participación de las personas afectadas y por lo tanto, desestimó  la perspectiva de Derechos Humanos: “Para el MPD la participación de los vecinos y vecinas es fundamental y es por eso que, desde hace años, brindamos asesoramiento a más de 2500 familias que están implicadas en la Causa Mendoza en la CABA”, afirmó la letrada.

Puntualmente, la Defensora General se refirió a la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos en dos indicadores: las soluciones habitacionales en relación al plan de vivienda y su sostenibilidad, por un lado, y los problemas ligados al acceso al agua potable y a la red cloacal en los barrios y complejos construidos, por otro. 

“En cuanto al primer indicador, sólo está enfocado en la gestión estatal de la construcción de vivienda nueva pese a que algunos barrios de la CABA (como el asentamiento Lamadrid) no se ha construido ni una sola vivienda”, manifestó Millán, y sostuvo que el indicador existente no contempla la calidad de la construcción de la vivienda, ni la sostenibilidad a lo largo del tiempo: “Hay situaciones vinculadas a distintos complejos habitacionales que hemos puesto en relieve en la causa (el complejo San Francisco, el complejo Mundo Grúa y el complejo Mugica). Mugica es uno de los lugares con peores problemas estructurales en relación a las viviendas entregadas en el marco de la Causa Mendoza, ya que a las deficiencias de construcción se le suman problemas de accesibilidad al complejo, higiene urbana, inseguridad, falta de acceso a servicios urbanos, filtraciones de agua, humedad, levantamiento de pisos cerámicos y filtración de líquidos cloacales, entre otras”.

En relación a la sostenibilidad de las viviendas nuevas entregadas, Millán expresó: “Luego de casi diez años de mudanzas, entendemos que no se están considerando las políticas públicas que dan cuenta de la importancia de sostener esa solución habitacional definitiva, por ejemplo, en lo que refiere a las tarifas de los servicios públicos, que hasta ahora sólo se tradujo en la propuesta de una tarifa social, porque falta una planificación integral de la relocalización”, refiriéndose a los elevados precios de los servicios públicos, que han generado que muchas personas no logren abonar las facturas, generando deudas imposibles de cancelar y un inminente peligro de que se les corte el suministro.

Finalmente, la Defensora General se refirió al acceso deficiente a servicios básicos indispensables como la red de agua potable y cloacal, que empeoraron drásticamente la calidad de vida de los vecinos y vecinas, especialmente durante la pandemia.

El Sistema de Indicadores de ACUMAR es una herramienta de gestión construida por el organismo para medir los avances en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, vinculado al fallo de la CSJN y al PISA. Se implementó en 2010 con revisiones en 2013 y 2017. La adecuación en curso se realiza con un proceso participativo incorporando, por primera vez, los aportes de la sociedad civil.

Entre los principales cambios propuestos en esta instancia, se contempla que estos indicadores tengan un contexto de interpretación que permitan generar metas a mediano y largo plazo, acordes a los objetivos de desarrollo sostenible y vinculación con la perspectiva de Derechos Humanos a partir de la incorporación del protocolo San Salvador. En este link podés consultar el nuevo listado de indicadores propuesto y cómo se compone el sistema actual.

El Ministerio Público de la Defensa de la CABA defiende los derechos de las miles de personas que viven en los barrios y asentamientos afectados por la liberación del camino de sirga, ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en julio de 2008, ante los daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo. Acompaña tanto a las familias que aún habitan sobre el camino ribereño, como a aquellos que ya han sido relocalizados y a quienes viven fuera del camino y esperan una política de urbanización e integración urbana.