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Nueva reglamentación para el uso medicinal del cannabis

13 de Noviembre de 2020

Nueva reglamentación para el uso medicinal del cannabis

A través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, entra en vigencia una normativa que responde las demandas sociales de las personas con padecimientos de salud y sus familiares, que ahora verán facilitado el acceso al Cannabis con fines medicinales. La Defensora CAyT de la Ciudad, Lorena Lampolio, desarrolla los elementos jurídicos necesarios para entender los alcances de esta nueva disposición.


En el día de ayer el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 883/2020, que se constituye en una respuesta del Estado a las demandadas de la sociedad, particularmente de personas con padecimientos de salud o sus familiares que vieron en la anterior reglamentación restricciones que –a pesar del espíritu de la Ley N° 27.350, una normativa promovida con el objetivo de tutelar el bien jurídico “salud pública”- terminaron impidiendo el acceso al Cannabis o sus derivados con fines medicinales.

Al respecto, la Defensora Oficial CAyT Lorena Lampolio afirma en las disposiciones de este nuevo Decreto se reconoce que la antigua reglamentación era restrictiva porque solo permitió que pudieran incorporarse a los protocolos de investigación a aquellos pacientes que contaran con diagnóstico de epilepsia refractaria: “La importación de aceite de cannabis se presentaba como una nueva exclusión para quienes no se encontraran en condiciones económicas de cubrir el costo en dólares”.

Además, el nuevo Decreto reconoce que el registro nacional voluntario creado en el art. 8° de la Ley N° 27.350 con el objeto de facilitar el acceso gratuito al aceite de Cannabis y sus derivados, aún hoy no se encuentra operativo, lo cual impide el adecuado control de calidad de derivados del Cannabis o supuestos derivados del mismo, comprometiendo la salud de las usuarias y los usuarios y generando expectativas infundadas promovidas por el simple afán de lucro.

Lampolio reconoce como un gran avance que el propio Decreto reconozca que las restricciones reglamentarias configuraron barreras al acceso oportuno del Cannabis y que, como respuesta a ello,  muchos usuarios decidieron acudir al autocultivo para poder contar con el aceite de Cannabis para tratar su salud o la de algún familiar, asumiendo el riesgo de ser condenadas o perseguidas penalmente. Esto permitió la organización de redes y la creación de organizaciones civiles “que actualmente gozan no sólo de reconocimiento jurídico, sino también de legitimación social”.

La Defensora considera que el Poder Ejecutivo Nacional entendió que era necesario reglamentar adecuadamente el acceso al cultivo controlado de la planta de Cannabis, así como a sus derivados, para fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor en tanto ello implica cumplir el objeto de la Ley N° 27.350, de garantizar y promover el cuidado integral de la salud, y el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del Cannabis a toda persona que se incorpore al Programa, en las condiciones que se establezcan. En este sentido, destacó que el Decreto reconoce la existencia de “experiencias a nivel internacional que indican que, en un marco de seguridad y calidad, junto con el acompañamiento médico, se reducen los daños potenciales que el uso del Cannabis de un mercado no controlado puede producir”.

Para ello esta nueva reglamentación establece un registro específico para usuarias y usuarios que cultivan Cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos (art 8°), como así también promueve la creación de una red de laboratorios públicos y privados asociados que garanticen el control de los derivados producidos, alentando la investigación en la materia, para lo cual busca promover la capacitación de los profesionales de la salud, ponderar el rol de los médicos en el acompañamiento de los usuarios y las usuarias del Cannabis y sus derivados con el objetivo de lograr su uso informado y seguro.

En lo que hace al cultivo el art. 8 de la nueva reglamentación (Anexo del Dec. N° 883/2020) establece que el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) registrará a los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, con el fin de emitir la correspondiente autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación.

Para la inscripción al registro, se exige indicación médica y suscribir el consentimiento informado correspondiente, destacándose que se protegerá la confidencialidad de los datos personales de conformidad con la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos personales.

Por último, Lampolio sostiene que si bien la nueva normativa constituye un avance importante, resta que se determinen distintas condiciones relativas al autocultivo: “Entiendo que podrán ser determinadas por el Ministerio de Salud de la Nación en su carácter de Autoridad de Aplicación mediante normas complementarias y aclaratorias y demás disposiciones que fueren necesarias para su mejor cumplimiento, como establece el art. 4. de esta reglamentación”, expresó la Defensora.

También es destacable que el art. 8 establece que el Ministerio de Salud de la Nación podrá coordinar con las jurisdicciones locales que hubieran adherido a la Ley N° 27.350, para que lleven sus propios registros y expidan las autorizaciones correspondientes, con el pertinente deber de información a este organismo nacional a cargo de las jurisdicciones locales.

Cambiar el estatus legal del cannabis implica reconocer la existencia de un mercado que hoy es clandestino. El costo de la clandestinidad trae aparejado conflictos para la salud y seguridad de las personas que consumen, y consecuencias negativas para quienes acarrean, cultivan o ejercen la venta al menudeo, muchas veces como práctica de supervivencia.

Las propuestas alternativas buscan ofrecer respuestas efectivas para el control de la demanda desde una perspectiva de Derechos Humanos y de reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades.

El MPD y otras instituciones que velan por los derechos de las y los consumidores y la regulación del cannabis legal, afirman que “nos une la lucha por una reforma profunda de las políticas de drogas, que ponga al sujeto en el centro de las acciones tendientes a mejorar la salud y la seguridad entendidas como derechos”.



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