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Regulación legal del cannabis: una demanda de más de 30 años

03 de Noviembre de 2020

Regulación legal del cannabis: una demanda de más de 30 años

Hace más de 30 años, Argentina sancionó la Ley 23.737 conocida como la “Ley de tenencia y tráfico de estupefacientes”. Si bien esta normativa fue promovida con el objetivo de tutelar el bien jurídico “salud pública”, el momento actual exige revisar la forma en que se encuentra concebido el cannabis en el texto jurídico.


Actualmente, el cannabis es considerado por la normativa vigente en calidad de “estupefaciente”. Todavía se concibe a la planta como un tipo de droga, con un único abordaje desde el sistema penal. Para la Defensora del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, Lorena Lampolio, “esto exige que sea revisado. No es desde el derecho penal que se debe abordar el tema, sino desde el derecho administrativo a través de una regulación”.

La cuestión que preocupa a quienes velan por la regulación del cannabis es la conflictiva relación que existe en cuanto a la interpretación y aplicación que se hace de las normas. Según Lampolio, “cuando interviene la justicia penal, y específicamente, cuando involucra a los usuarios y usuarias de cannabis en favor de su salud, aún luego de la sanción de la Ley 27.350 (Ley de uso medicinal de cannabis) estos siguen siendo criminalizados por el sistema penal”.

La urgencia en la regulación del cannabis legal radica en que en el accionar del sistema penal actual se ocupa de perseguir a cultivadores/as, usuarios/as de cannabis que lo único que realizan son actividades en el ejercicio de sus derechos fundamentales, como es el derecho a la salud consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos que constan en el art 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional.

Tal como afirma la Defensora Lampolio,“ para poder darle un nuevo significado e incluir al cannabis dentro del concepto de salud hay que en primer lugar, reconocer que se tienen prejuicios”. Y agrega, “regular el cannabis significa: no criminalizar conductas que estén asociadas al consumo, como lo sostiene el fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia”.

Un cambio de enfoque

Cambiar el estatus legal del cannabis implica reconocer la existencia de un mercado que hoy es clandestino. El costo de la clandestinidad trae aparejado conflictos para la salud y seguridad de las personas que consumen, y consecuencias negativas para quienes acarrean, cultivan o ejercen la venta al menudeo, muchas veces como práctica de supervivencia.

Las propuestas alternativas buscan ofrecer respuestas efectivas para el control de la demanda desde una perspectiva de Derechos Humanos y de reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades.

El cannabis es la sustancia ilegal más consumida en nuestro país y en el mundo, su regulación ya es una realidad en Uruguay, Canadá y varios estados norteamericanos, y se encuentra en debate en España, Holanda y México. El fracaso y la crisis humanitaria generada por la guerra contra las drogas exigen explorar nuevas opciones.

El MPD y otras instituciones que velan por los derechos de las y los consumidores y la regulación del cannabis legal, afirman que “nos une la lucha por una reforma profunda de las políticas de drogas, que ponga al sujeto en el centro de las acciones tendientes a mejorar la salud y la seguridad entendidas como derechos”.



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