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Con el patrocinio del MPD, un afiliado de la ObSBA logró que le implanten una prótesis

04 de Diciembre de 2017

Con el patrocinio del MPD, un afiliado de la ObSBA logró que le implanten una prótesis

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 7 de la Ciudad, a cargo de Paola Cabezas Cescato, ordenó a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) otorgar a un afiliado la cobertura para la realización de una “artroplastia protésica de tobillo” y la adquisición de la prótesis necesaria para llevar a cabo dicha intervención. Frente a la negativa de la obra social a autorizar la operación, Pablo Mariano Mina, un joven de 20 años que, en un accidente de moto, había perdido el astrágalo del pie derecho (hueso que articula la tibia y el peroné, esencial para la extensión y flexión del pie), inició una acción de amparo ante la Justicia de la Ciudad, con el patrocinio de la Defensoría Oficial N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.


Durante el juicio, la prestadora se había resistido a cubrir la operación indicada por el traumatólogo del joven, aduciendo que la técnica del implante de astrágalo no tiene aval científico. En cambio, había ofrecido tratar la lesión con tratamientos convencionales.

En su intervención, la Defensa Oficial demostró que los tratamientos propuestos por la obra social conducirían inexorablemente a la pérdida de la movilidad del pie del joven, además del acortamiento de la pierna en varios centímetros. El Defensor Javier Barraza –junto con Julieta Bisogno y María Florencia Desplats, integrantes de su equipo de trabajo–, puso de manifiesto que el caso debía resolverse con arreglo a los principios que surgen del bloque de constitucionalidad. Es decir, el derecho a la salud, a la integridad de la persona, a la autonomía personal y a los principios de la beneficencia y la no maleficencia. Este último, obliga, justamente, a los médicos y prestadores de servicios de salud a no causar daño, sea de manera directa o indirecta.

Al hacer lugar al amparo, Cabezas Cescato señaló: “Queda claro que la negativa de la demandada no estaría condicionada por un tema presupuestario o monetario”. Asimismo, destacó: “La mera circunstancia de que la artroplastía protésica de tobillo solicitada por el actor no posea un aval científico profuso no obstaría, por esa sola circunstancia, a la improcedencia de su cobertura. Ello, toda vez que en virtud de lo prescripto en las normas reseñadas, podría concluirse en que pesa sobre la demandada el deber de una cobertura integral de la salud de sus afiliados”.

Por otro lado, la jueza aseguró: “Aun cuando la obra social demandada insiste en la conveniencia del método convencional por sobre el que requiere el amparista, no puede soslayarse el hecho de que funda su insistencia, en esencia, en las complicaciones y riesgos que podría acarrear ese procedimiento para la demandante (prognosis que hace en abstracto), como consecuencia de la falta de aval científico”. Y argumentó que “más allá de las diferencias de criterios de los galenos que han tomado intervención en el asunto, no puede obviarse que el médico que ha tratado al actor de modo personal y directo ha peticionado la artroplastía protésica considerando la posibilidad de que el actor recupere la movilidad de su pie, como así también en las trágicas e irreversibles consecuencias que los tratamientos convencionales implicarían para un sujeto de la edad del paciente –actualmente veinte (20) años-“.

Finalmente, Cabezas Cescato concluyó que: “Estando el señor Mina al tanto de los riesgos que implica la intervención requerida (confr. fs. 316/316 vta.) y habiendo sido ella indicada y debidamente fundada por su médico tratante, no parece irrazonable concluir en que la OSCBA debe otorgarle la autorización peticionada para la obtención de la prótesis requerida, adoptando las medidas que fuesen necesarias para que su prestador pueda realizarle la cirugía en cuestión”.

La sentencia fue apelada por la ObSBA, por lo que será revisada por la Sala I del fuero, cuyos magistrados decidirán respecto del alcance del derecho del amparista a beneficiarse de los progresos de la ciencia, de conformidad con la directriz que emana del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.



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