Con el patrocinio de la Defensoría CAyT N° 5, a cargo del Defensor Ramiro Dos Santos Freire, se presentó una acción de amparo colectivo ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, para exigir el cumplimiento de la Ley 2240 que dispone la Emergencia Urbanística y Ambiental en La Boca, frente a los desalojos sistemáticos y la emergencia habitacional del barrio.

La presentación fue llevada adelante por un colectivo de vecinos y trabajadores del Barrio con el apoyo de distintas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Contó con la adhesión de más de 650 vecinos y vecinas que sufren las consecuencias del incumplimiento de la norma sancionada en 2006.

Con esta acción, se busca encontrar soluciones a la situación de emergencia habitacional en el barrio, en especial frente al gran número de desalojos que se producen allí de manera estructural y sistemática, que pone en riesgo de situación de calle a cientos de familias.

"Este amparo colectivo está vinculado al trabajo que el MPD viene realizando hace varios años junto a vecinos y organizaciones del barrio, constatando y denunciando el fenómeno sistemático de desalojos, que afectan principalmente a las familias más vulnerables”, sostuvo Dos Santos Freire.

Además, el Defensor remarcó la responsabilidad del Estado así como del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para dar una respuesta a los vecinos y vecinas: “El Gobierno de la Ciudad no sólo desatiende el cumplimiento de una norma vigente, sino tampoco adopta medida alguna para garantizar el derecho a la vivienda digna y a la radicación definitiva de las familias en el lugar donde han vivido durante años”.

Entre las principales medidas requeridas ante el Fuero CAyT de la CABA se destaca el pedido inmediato del cumplimiento de lo previsto por el Art. 29 de la Ley 4353, que ordena al Gobierno de la Ciudad un relevamiento de las necesidades habitacionales en el polígono correspondiente al Distrito de las Artes.

Asimismo, se solicita la confección de un protocolo de detección, prevención, y contención de desalojos, así como la realización de un Protocolo de prevención y actuación en caso de incendios y/o derrumbes de viviendas en el Barrio.

Sobre el último punto, la demanda exige un abordaje integral frente al problema de los recurrentes incendios y derrumbamientos de los típicos conventillos del Barrio, que en los últimos años han ocasionado un gran número de víctimas fatales. 

La demanda, caratulada “Quinto, Natalia y otros c/GCBA y otros s/Amparo”, fue presentada el 5 de diciembre y se tramita actualmente en la Secretaría N° 2 del Juzgado de 1° Instancia en lo CAyT N° 1, bajo el número de Causa 12809/2019-0.

Cabe señalar que en años recientes, según cálculos de las organizaciones del Barrio, han sido desalojadas más de 1100 personas como resultado de fuertes procesos inmobiliarios especulativos. En el mismo sentido, la sede de la Dirección de Orientación al Habitante del MPD, recibió 234 consultas sobre desalojos en los últimos cuatro años.

Actualmente, se estima que hay en curso 180 procesos de desalojos en trámite ante la Justicia Nacional en lo Civil, que ponen en riesgo de situación de calle a cientos de familias.