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Análisis sobre la jurisprudencia contra las personas sin familia en situación de calle

22 de Marzo de 2017

Análisis sobre la jurisprudencia contra las personas sin familia en situación de calle

Las malas nuevas que llegan desde el mundo judicial a las personas sin techo son ya moneda corriente desde hace algún tiempo. Atrás quedó la época en que la nueva Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, merced a la disponibilidad de algunos de sus jueces del Fuero Contencioso de salir a la calle a verificar las condiciones de los hoteles en los que se alojan los beneficiarios de subsidios habitacionales, inauguraban un ciclo –aunque tímidamente- auspicioso para los derechos sociales. Auspicioso, en el sentido de impedir que los únicos lugares en los que el subsidio pudiera gastarse fueran verdaderas pocilgas, reñidas con las elementales normas de salubridad y buena convivencia. Tímido, en el sentido de que aunque estas sentencias tuvieron amplia repercusión y fueron (y son) objeto de repetidas quejas por parte del poder administrador, han tenido escaso impacto a la hora de avanzar efectivamente en la concreción del derecho a la vivienda.


Ello se debe, fundamentalmente, a la restrictiva jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en la interpretación de este derecho. Lo único que se garantiza a las personas en situación de calle o en riesgo de estar en esa situación es un subsidio que a lo sumopermitelograrun alojamiento en un hotel (hotel que en realidad no es tal) y que sólo en los casos donde se logran acreditar suficientes desgracias (como estar enfermo, ser anciano o víctima de violencia) permite acceder a algo más. Aunque este “algo más”nunca es muy preciso, porque si bien se logra judicialmente obtener montos superiores al de los subsidios, las personas en situación de vulnerabilidad habitacional no acceden al mercado de alquileres por carecer de garantías reales o personales que avalen sus contratos.

Se nos preguntará por qué siendo la Ciudad la que paga los subsidios, no garantiza ella misma su obligación. La respuesta es que sistemáticamente se niega a brindar a los beneficiarios de esos subsidios alguna de las herramientas de las que- en teoría- dispone para estos casos, como el programa “Alquilar se puede” del Instituto de la Vivienda, o el programa de garantías del Banco Ciudad.

La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no sólo es mezquina por la estrechez con la que interpreta el derecho a la vivienda, sino que también es incorrecta en cuanto a algunos de sus fundamentos. Considera, en particular, que las personas entre 18 y 60 años que no padecen ninguna enfermedad grave están en condiciones de trabajar y, por ende, no son merecedoras de ningún subsidio habitacional. Es decir que los jueces del Tribunal (con la sola excepción de Alicia Ruiz) ignoran por completo lo que es el desempleo, cuya principal característica es la de buscar trabajo sin lograr un resultado positivo, por motivos estructurales y, por ende, ajenos a la voluntad de quien demanda empleo.

Esta jurisprudencia tiene ya tres años y sus nefastas consecuencias se van haciendo evidentes a simple vista. La cantidad de personas solas en situación de calle ha aumentado notablemente.

Frente a este panorama jurisprudencial, por cierto aciago, los jueces de instancias inferiores tienen poco margen de acción, si bien algunos logran encontrar intersticios por donde ampliar los alcances del derecho. Otros, en cambio, se complacen en profundizar la grieta entre lo deseable y lo posible. Y, al igual que el Tribunal Superior, no dudan en recurrir a argumentos erróneos cuando hace falta.

Este último temperamento se observa en un caso resuelto recientemente por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en el que los jueces Fernando Juan Lima y EstebanCentanaro, con disidencia de la magistradaFabiana Schafrik de Núñez, resolvieron denegar cautelarmente el subsidio a un hombre de 54 años, con nivel de escolarización primaria, que vivió en la calle desde su infancia. Institucionalizado desde los 7 años, esta persona viveen situación de calle desde 2012. Padece, además, obesidad mórbida y patologías asociadas a la enfermedad con hipertensión arterial, artrosis de ambas rodillas, insuficiencia venosa crónica, síndrome de apnea del sueño y hernia epigástrica, además de hipoacusia sin corrección. Está, casi podríamos decir obviamente, desempleado.

Hasta aquí, el criterio aplicado no representa ninguna novedad. El dato novedoso del fallo consiste en el hecho que la Sala toma como fundamento para afirmar la inexistencia de una situación de vulnerabilidad. La sentencia, de manera textual, dice que la situación de vulnerabilidad del hombre no está acreditada en el expediente no sólo porqueno padece discapacidad, sino porque en algún momento trabajó en empresas de seguridad y, además, “recientemente cuida de manera esporádica vehículos en la vía pública”.

Es decir que el fallo, además de ignorar los padecimientos de salud y la falta de capacitación profesional del accionante (argumentos habituales en este tipo de casos), considera que la tarea de cuidar vehículos constituye un trabajo.Esto resulta verdaderamente inaceptable, no sólo porque se encuadra en la categoría de trabajo a una actividad que no califica para el requisito de decencia exigido por la Organización Internacional del Trabajo, sino porque reiteradamente las autoridades de la Ciudad han manifestado su voluntad de prohibir esta actividad por considerarla ilícita. Se han enviado, con este objetivo, distintos proyectos de ley a la Legislatura de la Ciudad y, lo que es peor, las personas que se dedican a esta actividad como única forma de subsistencia posible sufren permanente hostigamiento policial.

Esta sentencia fue recurrida por la Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo CAyT Nº2,a cargo de Mariana Pucciarello, mediante un recurso de inconstitucionalidad que deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de la Ciudad.