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Conceden la remisión a un menor acusado de publicar una imagen pornográfica

09 de Octubre de 2017

Conceden la remisión a un menor acusado de publicar una imagen pornográfica

En una causa en la que intervino Patricia López, titular de la Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1 de la Ciudad, el magistrado Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 11, con competencia en materia Penal Juvenil, resolvió hacer lugar a la aplicación del instituto de la remisión respecto de un adolescente a quien se lo acusaba de publicar una imagen pornográfica. En tal sentido, dispuso que el joven deberá concurrir al “Taller sobre Género y Cultura”, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, haciendo lugar, de este modo, a lo peticionado conjuntamente por la defensa y por el asesor tutelar Carlos Bigalli, a cargo de la Asesoría Tutelar Nº 1.


En la audiencia en que se trató el pedido para que se le aplique este instituto al joven –quien al momento del hecho tenía 16 años-, el juez partió de la pauta interpretativa fijada en el artículo 2 del Régimen Procesal Penal Juvenil (RPPJ), el cual establece que en las causas penales contra menores debe procederse según el Código Procesal Penal de la Ciudad, siempre que no lo modificara el RPPJ y “no se restringiera derecho alguno reconocido por la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad” (ley 114). Así, destacó que a la luz de esta ley estaba “obligado a interpretar el art. 75 del RPPJ de un modo armónico con la Regla 11 de las ‘Reglas de Beijing, de las cuales surge que la remisión debe aplicarse “especialmente cuando los delitos no tuvieran carácter grave”; pero que su uso no debe “limitarse a los casos menores, de modo que pudiera aplicarse a un universo importante de casos”. Así, planteó que, de los casos encuadrados en el título III del Código Penal (delitos contra la integridad sexual), “no toda publicación de imágenes de pornografía infantil revestía idéntica gravedad” y que “las menos graves podían ser objeto del instituto”.

Por otra parte, el Juez Bartumeu destacó que el art. 75 del RPPJ debía ser analizado teniendo en cuenta los arts. 19 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (el interés superior del niño y el principio pro homine), el art. 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño (el cual dispone que siempre que fuera apropiado deben adoptarse medidas para tratar a los niños sin recurrir a la judicialización) y el informe “Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que exhorta a los Estados a superar los obstáculos para aplicar esta alternativa). A la luz de estos instrumentos, el juez afirmó que debía procurarse la aplicación extensiva del instituto teniendo como único límite la gravedad del delito y el cuidado de los derechos de la víctima.

En este sentido, el Magistrado remarcó, tras la producción de la prueba vinculada a los requisitos de procedencia del instituto que, en el caso concreto, incluso quien velaba por los intereses de las víctimas en la causa, es decir, quien representaba los intereses de las personas menores de edad no individualizadas, había señalado “…con toda claridad y fundadamente que acompañaba la petición…” de la Defensora Oficial y del Asesor Tutelar para que se aplicara la remisión.

Por estos motivos, concluyó que se estaba en la causa “frente a uno de los casos que permitía acceder a lo requerido”, y en especial aclaró que “la decisión que adoptaría en este caso, no podía ser interpretada en el sentido de que resultaría procedente la aplicación del instituto a otros casos por delitos contra la integridad sexual que revistieran mayor gravedad”. Pues, ciñéndose a las referidas pautas interpretativas, enfatizó las particularidades del caso, y subrayó que “se trataba de una única imagen pornográfica por parte del adolescente”; “el joven se encontraba al límite de la edad mínima de punibilidad establecida por la ley (16 años) y debía atenderse a su culpabilidad disminuida”; “había tenido un desempeño posterior al hecho atribuido, que lo colocaba en una situación en la que resultaba aplicable”; e, inclusive, “contaba con contención familiar, que seguramente serviría de guía para que interpretara que, como todo ciudadano, tenía el derecho de desarrollar su plan de vida, pero respetando iguales derechos de terceros y la obligación de no dañar bienes jurídicos de otros sujetos”.

Finalmente, el Magistrado, tras analizar la naturaleza del instituto destacó que la remisión “no constituía una manifestación del principio de oportunidad, sino un derecho, como surgía de la propia regulación, en tanto no resultaba vinculante la oposición del fiscal, a quien se le otorgaba la posibilidad de recurrir la decisión (…) en caso de discrepancia”.

La mencionada resolución adquirió firmeza el pasado 11 de septiembre de 2017.

Expediente n° 1752/16



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