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Confirman fallo que ordena dar alojamiento a una mujer diabética y con antecedentes de violencia de género

28 de Agosto de 2017

Confirman fallo que ordena dar alojamiento a una mujer diabética y con antecedentes de violencia de género

Con la intervención de la Defensa Oficial, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad rechazó el recurso interpuesto por el Gobierno porteño contra una sentencia que hizo lugar al amparo solicitado por una mujer en situación de emergencia habitacional y dispuso que se presente una propuesta para brindarle un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su situación. La Cámara dispuso, asimismo, que hasta tanto esto se cumpla, deberán mantenerse los efectos de la medida cautelar dictada en la causa, por la cual se ordenó cubrir la totalidad del canon locativo de la actora, a fin de que no quede en situación de calle.


Los jueces Fabiana Schafrik de Núñez, Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima consideraron que, tal como ha sostenido la Corte, el derecho a acceder a una prestación habitacional no es una mera declaración, sino una norma jurídica con vocación de operatividad. Destacaron que la Ley 4036 considera en situación de vulnerabilidad social a quienes, por su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, tienen dificultades para ejercer sus derechos. También señalaron que la norma dispone una tutela específica para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social, quienes, según el artículo 23, son las que, “padeciendo alteración, total o parcial, y/o limitación funcional, permanente o transitoria, física, mental o sensorial, se hallen bajo la línea de pobreza o indigencia, y/o en estado de abandono, y/o expuestos a situaciones de violencia o maltrato, y/o a cualquier otro factor que implique su marginación y/o exclusión”. E incluso, como señaló el Tribunal Superior porteño en “K. M. P. c/ GCBA y otros s/ amparo”, recordaron que entre estas personas debe contarse también a quienes, sin certificado de discapacidad, sufren limitaciones a su capacidad para auto sustentarse económicamente y, por ende, difícilmente su vulnerabilidad pueda variar en el tiempo.

En cuanto a la situación de la mujer, de 52 años de edad, destacaron que ella se encuentra sola y sufre de “anormalidades de la marcha y de la movilidad”, “Polineuropatía diabética”, y “diabetes mellitus insulino-dependiente, con cetoacidosis”, según el certificado de discapacidad del Ministerio de Salud porteño. En razón de la angustia que le provoca su inestabilidad habitacional y económica, posee también presión arterial alta. Subsiste cosiendo y tejiendo a pedido y vendiendo lo que hace en la vía pública, si bien ello no es suficiente para cubrir el alquiler de su vivienda y su único ingreso estable viene del Programa Ticket Social.

A partir de lo hasta aquí esgrimido”, afirmaron los jueces, “es dable concluir que la amparista se encuentra en la condición prevista en el artículo 23 de la Ley 4036, razón por la cual corresponde confirmar la sentencia recurrida”. Y agregaron que al incluir en un primer momento a la mujer en el programa “Asistencia para Familias en situación de Calle” (cuya extensión fue luego rechazada), “la demandada reconoció, en este aspecto, la situación apremiante de la amparista“. A su entender, la negativa del Gobierno a brindarle una solución habitacional no tuvo en cuenta su situación personal y supuso una omisión arbitraria. Si bien al apelar, la administración planteó que su obligación lo es hasta el máximo de los recursos disponibles, según los camaristas ello “se trata, frente a la ausencia de toda prueba, de una mera petición de principio, extremo que impone su rechazo porque no supera el campo de lo dogmático”.

La mujer había iniciado el amparo con el patrocinio de Pablo De Giovanni, Defensor Oficial ante los Juzgados de Primera Instancia, a fin de que le provea una solución de vivienda permanente. Había solicitado, como medida cautelar, que se ordene al Gobierno reinstalarla como beneficiaria de los programas de asistencia habitacional mientras tramite la causa. Había manifestado que su situación era apremiante debido a su salud (era insulino-dependiente, requería de un tratamiento para su presión y recibía una alimentación especial, que a causa de su inestabilidad económica no podía cumplir) y porque carecía de obra social o prepaga, estaba desocupada (si bien se encontraba realizando capacitaciones) y se encontraba en inminente situación de calle. Además, había sido víctima de violencia de género (lo que la había llevado primero a huir de su hogar y luego a trabajar en casas de familia con cama adentro, debiendo dejar a sus hijas con su padre) y no recibía ayuda de familiares ni de otros vínculos cercanos.

En noviembre de 2015, la jueza de la causa había denegado la cautelar requerida por considerar que no estaba acreditada su emergencia habitacional, resolución confirmada en febrero de 2016 por la Cámara del fuero. En marzo de ese año, la magistrada volvió a rechazar la nueva cautelar solicitada por la mujer, debido al agravamiento de su situación. Sin embargo, esa decisión fue revocada en agosto, cuando los camaristas Centanaro y Schafrik de Nuñez ordenaron al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano que “adopte los recaudos necesarios para cubrir la totalidad del canon locativo de la parte actora (…) hasta tanto cese el estado de vulnerabilidad social o se encuentre firme la sentencia definitiva”. Finalmente, en mayo de 2017 el Juez subrogante del Juzgado Nº 7, Martín Converset, concedió el amparo y la prestación alimentaria solicitada por la mujer, decisión ahora confirmada por la Cámara.

“PÉREZ MARGARITA SATURNINA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO” (Expte. N° A40321-2015/0)