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Declaran nula la detención de un hombre acusado de revender entradas

17 de Agosto de 2016

Declaran nula la detención de un hombre acusado de revender entradas

En un fallo firme del 27 de mayo de este año, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad, María Laura Martínez Vega, declaró nula la actividad de un agente policial que se hizo pasar por un comprador, para que una persona le revendiera cuatro entradas del clásico partido de fútbol River-Boca.


En su resolución, la jueza hizo lugar al planteo de nulidad efectuado por la Defensora Silvina Nápoli, titular de la Defensoría PCyF N° 2 de la Ciudad, respecto de dicho procedimiento y de todo lo obrado en consecuencia, ordenando así la devolución de lo secuestrado al imputado.

 El Artículo 91 del Código Contravencional de la Ciudad sanciona a quien revende entradas para un espectáculo masivo con una multa de 300 a 3.000 pesos. La investigación se había iniciado cuando personal de la División Investigaciones de Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía Federal, efectuó una búsqueda en sitios de internet donde se ofrecía la reventa de entradas para el River-Boca del 6 de marzo. Por orden de la Fiscalía, un inspector realizó tareas de inteligencia en las inmediaciones del estadio de River, obteniendo así una tarjeta con un número de teléfono para obtener entradas. En el procedimiento realizado en un bar, en el cual un agente se hizo pasar por comprador, se secuestraron los tickets del imputado.

En la audiencia, la Defensora había alegado que era necesario analizar la figura del agente encubierto y en qué medida estaba autorizado por la legislación para una contravención. En relación al caso, manifestó que el delito no justificaba la presencia de un agente encubierto, ni se había desarrollado entre cuatro paredes (en cuyo caso la única forma de saber lo que ocurría hubiera sido a través de una decisión judicial que le permitiese a las fuerzas involucrarse en una organización y recaudar pruebas). Los policías tenían, en cambio, otras herramientas para estar atentos ante la posible reventa de entradas en el lugar donde sabían que podía realizarse.

Según Nápoli, se había generado una situación de engaño a su defendido, ya que los agentes hicieron que mostrara las entradas para generarse así la contravención y recolectar prueba del mismo acto provocado. A su entender, la obtención tanto de la tarjeta como de las entradas, violaba los principios constitucionales de defensa en juicio y el legítimo proceso. Como así también, al forzarlo a mostrar las entradas se lo había obligado a declarar contra sí mismo. Finalmente, para la Defensora en el caso no había habido ni daño ni peligro cierto, ya que al ser un agente quien las iba a obtener no había posibilidad de que las entradas se compraran y utilizaran, como tampoco hubo daño, pues el dinero involucrado fue el de la Policía.

Si bien rechazó algunos de los planteos efectuados por la defensa, la magistrada Martínez Vega resolvió declarar nulo el procedimiento efectuado en el bar por considerar que mientras que las tareas desplegadas cerca de River fueron realizadas dentro de un procedimiento legal y propio de las tareas policiales, el procedimiento en el bar supuso el actuar de un agente provocador. “Un agente provocador sería aquel que ha obtenido la prueba por su propio actuar, esto es, a razón de la instigación o provocación del preventor policial”, destacó la jueza.

Según la Corte Suprema de Justicia, el comportamiento del agente encubierto debe mantenerse dentro de los principios del Estado de Derecho, lo que no sucede cuando “se involucra de tal manera que hubiese creado o instigado la ofensa criminal en la cabeza del delincuente, pues la función de quienes ejecutan la ley es la prevención del crimen y la aprehensión de los criminales, pero esa función no incluye la de producir el crimen tentando a personas inocentes a cometer esas violaciones”. Esto, afirmó Martínez Vega, sirve finalmente en el caso para “diferenciar entre aquel primer actuar del inspector, avalado por el ordenamiento jurídico y el procedimiento en el bar, contrario a las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso”.

Cabe destacar que esta situación (la actividad de un agente provocador), junto con otras particularidades investigativas en derredor de las contravenciones que conllevan los partidos de fútbol, son cada vez más habituales. Desde la Defensoría se procura defender las garantías constitucionales a fin de garantizar la vigencia del Estado de Derecho.