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El GCBA deberá garantizar la asistencia alimentaria a una mujer con dos hijos, incluida dentro del grupo de riesgo por el coronavirus

06 de Abril de 2020

El GCBA deberá garantizar la asistencia alimentaria a una mujer con dos hijos, incluida dentro del grupo de riesgo por el coronavirus

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad deberá garantizar una adecuada asistencia alimentaria, mientras subsista la situación de vulnerabilidad en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.


El pasado 6 de abril, la Justicia de la Ciudad hizo lugar a la solicitud de la titular de la Defensoría CAyT N°3, María Lorena González Castro Feijoo, en relación a una mujer que se encuentra en grave situación de emergencia alimentaria y de salud. Ordenó así al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad que le garantice una adecuada asistencia alimentaria, ya sea mediante la continuación de las prestaciones dinerarias a través del Programa Ciudadanía Porteña o bien por cualquier otro medio. Dispuso que el monto asignado, en caso de otorgarse un subsidio, debe resultar “suficiente para afrontar el costo de la alimentación requerida de acuerdo con el informe nutricional acompañado, mientras tanto subsista su situación de vulnerabilidad y hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se resuelva en otro sentido, lo que ocurra primero”.

Asimismo, considerando la situación de emergencia imperante y las condiciones de la mujer, la magistrada Romina Tesone ordenó al Gobierno porteño que arbitre los medios para entregarle la Canasta Escolar Nutritiva sin que ella requiera trasladarse.

La resolución se dictó en el marco de la causa “BREGMAN, MYRIAM TERESA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA”, en la cual los actores peticionaban que se ordene al GCBA arbitrar en forma urgente las medidas necesarias para proveer un almuerzo saludable en todos los establecimientos educativos públicos, de nivel inicial, primario y secundario de la Ciudad.

Al presentarse en dicha causa, la Defensora adhirió a la petición y solicitó, además, una medida cautelar autónoma en razón de la grave situación de la mujer y de sus dos hijos menores de edad, quienes están exclusivamente a cargo de ella, pues no cuenta con una red de contención familiar. Con una historia de violencia de género, está excluida del mercado laboral y sólo percibe planes de asistencia. Obtiene sus alimentos a través de las viandas de los chicos y de un comedor comunitario, pero dado que sólo tres de ellos siguen funcionando en el barrio, muchas veces se ha quedado sin raciones. Asimismo, por sus padecimientos de salud, se incluye dentro de la población de riesgo para el COVID-19, lo que la obliga a mantenerse aislada en su casa del Barrio Padre Mugica y le impide realizar el trayecto hasta la escuela donde podría retirar las viandas para alimentar a su familia. Un trayecto largo, ya que el barrio está vallado para impedir la circulación.

Frente a esta situación, la Defensora había solicitado que se le brinde a ella y a sus hijos una asistencia alimentaria adaptada a las pautas de alimentación saludable y que atienda, asimismo, al Informe Técnico Nutricional elaborado por la Dirección de Asistencia Técnica del Ministerio Público de la Defensa. Con esta pericia, había fundado la “importancia de alimentación adecuada, higiene y limpieza para fortalecer y resguardar la salud de una persona”, solicitando además que la asistencia se extienda a los elementos de higiene necesarios para la preparación de alimentos.

En su resolución, la jueza consideró que la mujer tiene derecho a la asistencia alimentaria por parte del Estado local, pues las condiciones en la que se encuentra “la colocarían en un extremo estado de vulnerabilidad y tornan plausible su inclusión en las previsiones apuntadas.” Fundamentó esto en las diversas normas constitucionales y convencionales con relación al derecho a la alimentación y a la salud y mencionó, en particular, la normativa local, entre la que se encuentra la ley 1878, por la que se creó el Programa “Ciudadanía Porteña” (el cual se dirige a sostener el acceso a la alimentación de los beneficiarios) y la ley 4036, la cual tiene por objeto la protección integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad. Dicha ley, en particular, prioriza el acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia a las prestaciones de las políticas sociales del Gobierno y contempla que “En el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad social la autoridad de aplicación podrá disponer todas las prestaciones materiales, técnicas y económicas que crea necesarias para superar tal situación”.

En su fallo, la jueza también hizo lugar parcialmente a la petición de los demás actores en relación a que se garantice una alimentación saludable en todos los establecimientos educativos públicos. Ordenó al GCBA que presente el menú y especificaciones técnicas para cada modalidad de Canasta Alimentaria, estableciendo diversas pautas. Asimismo, dispuso que se entregue “junto con cada Canasta Nutricional Alimentaria (en todas sus modalidades) un jabón o elementos de higiene para la adecuada desinfección y limpieza a fin de ser utilizado por sus beneficiarios/as para el lavado de manos y superficies antes de la elaboración de las comidas y con anterioridad a su ingesta”.

Por otra parte, si bien la magistrada no resolvió respecto a la solicitud de la Defensora en este sentido, cabe destacar que en la causa González Castro Feijoo se había referido a que  “el alcance de las medidas solicitadas debe ser ampliado de manera urgente, a fin de extender la protección alimentaria a las personas adultas que están a cargo de los niños/as que habitualmente hacen uso de los comedores escolares (…) y también de todos aquellos otros grupos familiares que pudieren comenzar a necesitar asistencia alimentaria en razón de las consecuencias negativas que pudiere tener en su economía la cuarentena motivada en la pandemia”.