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El Gobierno de la Ciudad incumple la orden judicial de acceso a la educación online en barrios vulnerables

30 de Junio de 2020

El Gobierno de la Ciudad incumple la orden judicial de acceso a la educación online en barrios vulnerables

La Justicia de la Ciudad dio por incumplida la medida cautelar que ordenaba al Gobierno porteño garantizar la accesibilidad a Internet de todos los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad social de los establecimientos educativos de gestión pública o privada con cuota cero, y entregarles un dispositivo informático (computadora portátil, notebook o tablet) para realizar sus tareas escolares.


Tras reiteradas denuncias y una presentación por parte de las Defensoras Oficiales Mariana Pucciarello y Lorena Lampolio, la Justicia de la Ciudad dio por incumplida la medida cautelar que ordenaba al Gobierno porteño garantizar la accesibilidad a Internet de todos los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad social de los establecimientos educativos de gestión pública o privada con cuota cero, y entregarles un dispositivo informático (computadora portátil, notebook o tablet) para realizar sus tareas escolares.

Las Defensoras se habían presentado en la causa adhiriendo a la demanda de amparo colectivo y denunciando el incumplimiento de la medida dictada el 6 de junio por el magistrado Roberto Gallardo. En tal sentido, habían requerido que el Gobierno local garantice la continuidad del derecho a la educación de estos niños, niñas y adolescentes, la cual ven peligrar por faltarles los elementos necesarios para acceder a la modalidad virtual de la escolaridad.

Para ello, habían solicitado que se disponga “la remoción de las barreras normativas, operativas o de cualquier otro tipo”, que impiden que los alumnos accedan al equipamiento. Asimismo, habían requerido que se ordene al GCBA garantizar a los habitantes de todas las villas y asentamientos de la Ciudad una conexión adecuada y gratuita a Internet, a fin de que puedan acceder a las actividades educativas, recibir la información necesaria para transcurrir la pandemia, y realizar todos los trámites y/o reclamos en materia de salud y seguridad social que necesiten.

Al resolver sobre el incumplimiento de la medida cautelar, el juez Gallardo dispuso la creación de un “Registro Judicial de Estudiantes con Necesidades Informáticas no Satisfechas”, con el fin de receptar las solicitudes de equipamiento informático y de conexión a internet. Aclaró, en tal sentido, que las Defensoras Oficiales podrán proceder a elevar al Registro las solicitudes de entrega de equipos informáticos formuladas por miembros de la comunidad. Lo mismo podrá hacer el personal directivo de los establecimientos educativos de la CABA, las organizaciones y entidades presentadas en la causa (ACIJ, UTE y Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad), las Comunas y la Defensoría del Pueblo de la CABA.

Las solicitudes de inclusión en el Registro deberán enviarse a la dirección “juzgadocayt2.registro@jusbaires.gob.ar”. Podrán ser cursadas: a) por los interesados o sus representantes legales; b) las entidades presentadas en carácter de coactores; y c) los docentes y personal directivo y de supervisión de establecimientos educativos dependientes del GCBA. Y deberán contener todos los datos detallados en la sentencia dictada por el magistrado.

Desde el punto de vista del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, la imposibilidad de contar con la tecnología suficiente para continuar accediendo a la educación deriva de una penosa situación estructural que requiere de remedios también estructurales. Las familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad social y económica en este contexto de pandemia ven como esa situación se profundiza, sin que el Estado local tome medidas para mitigarla. De allí la necesidad de plantear una acción que involucre no sólo personal, sino también colectivamente, a todo el conjunto de personas afectadas.

Tal como destacaron las Defensoras Oficiales, el derecho a la educación constituye uno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a los que la Constitución de la CABA le otorga rango preferencial, al ubicarlo dentro de los derechos que requieren de “políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos”. En tal sentido, la UNESCO recomienda prestar especial atención a las medidas destinadas a garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia. Para ello, hace hincapié en la provisión de dispositivos digitales a las familias y también en la provisión del acceso a internet cuando fuere necesario.

Es por ello que el Ministerio Público de la Defensa utilizó en este caso su legitimación colectiva a fin de lograr la efectiva acción política a la que alude la Constitución de la CABA, más allá de la satisfacción del derecho de las personas a la que patrocina. El compromiso del MPD con los derechos fundamentales de los habitantes de la CABA constituyó así el fundamento de su presentación.

Para saber cuáles son los requisitos para la inscripción en el Registro, ingresa acá


Requisitos para la Inscripción en el Registro de estudiantes

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