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El Gobierno porteño deberá garantizar alojamiento a un hombre discapacitado en situación de calle

21 de Abril de 2017

El Gobierno porteño deberá garantizar alojamiento a un hombre discapacitado en situación de calle

En Primera Instancia, el Juez había ordenado que se abone al amparista el subsidio previsto en el Decreto 690/06 y se le otorgue “una suma cuya prestación no podrá ser inferior al mínimo previsto en el artículo 8 de la ley 4036", tomándose como referencia la canasta básica alimentaria del INDEC, el índice de precios locales (IPCBA) y las canastas de consumo alimentaria para la Ciudad”. Consideró que las políticas sociales deben atender a quienes están en situación de más vulnerabilidad y que el Estado está obligado a mitigar la emergencia habitacional. Asimismo, tuvo como acreditada la situación de emergencia habitacional del actor y su vulnerabilidad, así como el “claro peligro en la demora”.


Sin embargo, el hombre, patrocinado por la Defensora Oficial había apelado esta decisión, considerando que la medida dispuesta por el magistrado no le permitía garantizar el derecho al alojamiento, aseverando que, por un lado no podía cubrir la diferencia debido a su exclusión del mercado laboral, lo que acontece como resultado de su discapacidad y la escaza formación que por el momento le impide una inserción en un mercado cada vez más exigente asimismo, “No se trata de lo mínimo que puede ofrecer el Gobierno de la Ciudad, sino de lo ‘mínimo’ que en condiciones de habitabilidad se requiere”, afirmó González de los Santos. Por otra parte, alegó también que la cautelar se apartaba de la legislación vinculada con los derechos de las personas con discapacidad y, en particular, del criterio del Tribunal Superior de Justicia en "K.M.P c/ GCBA y otros s/amparo", el cual reconoció que la asistencia a las personas con discapacidad debe ser integral correspondiendo el derecho diferencia al alojamiento.

En el fallo de Cámara, los jueces precisaron que la Ley 4.036 define a la vulnerabilidad social como “condición de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas” y considera persona en situación de vulnerabilidad social a aquella que, por su edad, género o circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, tiene dificultad para ejercer sus derechos. En este sentido, los jueces entendieron que se podía tener por probada, en principio, la vulnerabilidad social del amparista, porque el hombre, de 43 años de edad carece de red de contención, solo cuenta con educación primaria, padece de una discapacidad inhabilitante consistente en Retinosis Pigmentaria (enfermedad ocular de carácter degenerativa y hereditaria, con pérdida de visión periférica y conlleva a la ceguera), miopía, astigmatismo, estrabismo, presión ocular y opacidad degenerativa en el ojo izquierdo, cataratas en el ojo derecho y me desplazo utilizando un bastón blanco, con pérdida del 80% de la visión por lo cual se maneja con bastón blanco y al mes de al mes de noviembre de 2016, tenía una deuda de tres meses, que lo coloca en riesgo de ser desalojado.

En cambio, los jueces rechazaron la apelación del Gobierno, que alegaba que el hombre no está en situación de vulnerabilidad pues “no presenta imposibilidad de trabajar ni problemas significativos de salud, ni tiene personas a su cargo”. Por otra parte, el abogado del Gobierno había afirmado que el derecho a la vivienda no conlleva “un derecho subjetivo inmediato e irrestricto a obtener una vivienda”, pues los gobiernos deben “cumplir progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles las mandas constitucionales”. “El Gobierno de la Ciudad no garantiza alojamiento, ni vivienda y solo puede asistir con un subsidio habitacional cuyos fondos son previamente presupuestados”, señaló. Asimismo, había planteado que la cautelar no consideraba la jurisprudencia del Tribunal Superior donde se dejó asentado que no es inconstitucional otorgar subsidios temporarios, ni que la suma no alcance para solventar el costo íntegro de una vivienda. En este sentido, el letrado había destacado que la Ciudad abonó el subsidio a la persona durante el plazo que prevé la norma y que “aún ante el supuesto de renovación de subsidio, ello no implica que corresponda apartarse de los montos dispuestos en la normativa vigente en la materia, ni que al otorgarlo se deje sin asistencia a otras personas con iguales necesidades, por carencia de presupuesto”.

En el amparo, iniciado en noviembre de 2016 con el patrocinio de la Defensora Oficial, el hombre reclamaba el resguardo de sus derechos a la vivienda, a la salud y, a la dignidad inherente a todo ser humano. Requería que el Gobierno le provea una solución habitacional definitiva y permanente y que, durante la ejecución de la sentencia, se evaluara su situación y se le propusieran alternativas válidas a fin de obtener esta solución habitacional. Además, reclamaba que el Gobierno le otorgue a través de los programas disponibles y poniendo en marcha efectivamente la asistencia del C.O.P.I.D.I.S., el acceso a un trabajo con un salario que le permita hacer frente a sus necesidades y que sea acorde con sus capacidades. Por otra parte, consultada la Defensora a cargo, manifestó que, espera poder avanzar en algún tipo de reinserción laboral que permita recuperar la dimensión “dignidad” de imposible concreción plena sin el ejercicio de la autovalencia.

Referecia: "MENDIZABAL VILLCA NOE REMBRAIVDT CONTRA GCBA SOBRE AMPARO" (Expte. N° A36185-2016/0).