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Con el patrocinio del MPD, reconocen y garantizan a una familia su derecho a una vivienda digna y a la salud integral

06 de Diciembre de 2016

Con el patrocinio del MPD, reconocen y garantizan a una familia su derecho a una vivienda digna y a la salud integral

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó, el pasado 6 de octubre, una resolución que había decidido hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los padres de tres niñas menores de edad quienes, con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, reclamaban una solución a su problemática habitacional en el marco de una acción de amparo.


En primera instancia, el titular del Juzgado Nº 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Pablo Mántaras, había ordenado al Gobierno porteño que presentara un plan de obras a fin de efectuar, en la vivienda de la familia, refacciones que les garantizaran condiciones aceptables de habitabilidad, seguridad y dignidad. Asimismo, le había ordenado que, en caso de ser necesario el traslado transitorio del grupo familiar, les brindara un alojamiento digno y adecuado, o bien una prestación pecuniaria para abonar el valor total de un alojamiento digno y acorde con los requerimientos que exige el estado de salud de una de las niñas, quien padece de “Lupus Eritematoso Sistemático Juvenil”. Asimismo, había dispuesto que se arbitraran medidas para evitar la intrusión de la vivienda de los amparistas.

En la sentencia, los camaristas consideraron reunidos “los extremos necesarios para tener por configurada prima facie la situación de 'vulnerabilidad social' del grupo familiar actor”. Pues de la documental acompañada en la causa surgía que la familia, que reside en la Villa 31 Bis de Retiro, vive en condiciones que atentan contra su salud y en particular de la niña enferma, quien debe estar en lugares sin humedad, con agua potable y en lo posible sola en una habitación, según lo recomendado por el Hospital Gutiérrez. Asimismo, el grupo familiar no cuenta con otros ingresos fijos más que lo que percibe por la Asignación Universal por Hijo, pues la madre, quien tiene pérdida parcial de la audición en el oído derecho, realiza tareas de limpieza por hora bajo la modalidad de empleo informal, mientras que el padre está desempleado, sin posibilidad de insertarse en el mercado laboral por problemas de salud.

En este sentido, los magistrados plantearon que “la falta de asistencia habitacional a la parte actora supondría la continuidad, al menos hasta el dictado de una sentencia definitiva, de las circunstancias antedichas, esto es, la perduración de su situación de vulnerabilidad social”. Asimismo, afirmaron que la situación verificada se encuadra no sólo en los artículos 17 y 31 de la Constitución porteña, sino también, específicamente, en los preceptos establecidos en la Ley 4036 de la Ciudad, cuyo objeto es la protección integral de los derechos sociales para aquellos en estado de vulnerabilidad y/o emergencia y en la Ley 4042, destinada a verificar la prioridad de los niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas de vivienda.

Así, al rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno, señalaron: “Cabe advertir que a efectos de cubrir las necesidades de la parte actora, que se encontraría -prima facie- incluida dentro de los grupos a los que las previsiones de la ley nº4036 le asigna derecho a alojamiento, la solución deberá ser suficiente para otorgar dicha protección”. Por último, plantearon: “Por lo demás, lo que aquí se dispone no excluye la posibilidad, en su caso, de realizar las tareas de reparación solicitadas por el actor a fin de acondicionar la vivienda en la que habitaría junto a su grupo familiar”.