0800-DEFENDER (33-336-337)

El TSJ dejó sin efecto la citación del Estado Nacional en un amparo habitacional

26 de Julio de 2017

El TSJ dejó sin efecto la citación del Estado Nacional en un amparo habitacional

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) con fecha 14 de junio de 2017 admitió, por mayoría, el recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado presentado por la parte actora con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa esta Ciudad, en una causa en la que se discutía la citación del Estado Nacional (EN) como tercero en el marco de una acción de amparo por el derecho a la vivienda. De este modo, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido y revocó el fallo que había dispuesto citar al Estado Nacional.


La amparista había iniciado la causa contra el Gobierno de la Ciudad (GCBA) por entender que, debido a su situación de máxima vulnerabilidad, se hallaba afectado su derecho a una vivienda digna, segura y adecuada. El Gobierno, por su parte, en la oportunidad de contestar demanda, había solicitado, como cuestión preliminar, la citación del Estado Nacional en el pleito, alegando una comunidad de controversia con éste, por ser “un sujeto público estatal legitimado para ser parte demandada” y “a fin que coadyuve a la búsqueda de una solución a la problemática”. La Jueza subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia CAYT N°19, había hecho lugar al planteo, por entender, que las obligaciones del EN y del GCBA eran concurrentes, pues la problemática exigía que ambos aunaran esfuerzos para hallar una solución (a su entender, la omisión respecto al derecho a la vivienda se vinculaba con las obligaciones tanto del Estado nacional, como del local). Denegó, asimismo, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensa contra esta decisión.

Al votar por la admisión del recurso de queja interpuesto por la Defensa, la Jueza Alicia Ruiz sostuvo que la decisión cuestionada era equiparable a definitiva, pues lo decidido no podría ser motivo de debate en otro juicio o instancia y, además, generaba un gravamen irreparable. La admisión del Estado, a su criterio, dilataba el desarrollo del proceso (cuando la acción de amparo debe ser rápida y expedita), perjudicando el reconocimiento del derecho en juego, y afectando el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Asimismo, habilitaba que en razón de la competencia federal de la que goza el EN, la controversia fuera a tramitar en dicho fuero, siendo que la Ley de Amparo de la Ciudad prohíbe articular cuestiones de competencia en esta clase de acciones; lo resuelto por la Jueza de grado implicaría desconocer el mandato que tienen las autoridades locales de hacer respetar la autonomía de la Ciudad.

Por otra parte, la Dra. Ruiz destacó que en el caso, a diferencia de lo considerado por el a quo, no existía un supuesto de intervención obligada del Estado Nacional en la medida en que no se hallaba configurado un litisconsorcio pasivo necesario, y por lo tanto no había razón para obligar a la actora a litigar, contra quien no ha elegido hacerlo. Finalmente, afirmó que estando en juego un derecho que requiere tutela inmediata, su corresponsabilidad debía ser resuelta por otras vías.

Además el juez Casás, en su voto, consideró que la decisión cuestionada era equiparable a definitiva, habiendo el GCBA esgrimido este planteo en otros amparos, por lo que existía la posibilidad de que el tercero citado invocara la prerrogativa de litigar ante el fuero federal, provocando un supuesto de gravedad institucional, en el caso de que se generalizara la transferencia de las causas. También, que la citación de terceros procede con carácter excepcional, subrayando que las razones invocadas por el GCBA “no permiten entender adecuadamente los motivos por los cuales el Estado Nacional debiera participar”, ni cuál sería concretamente la eventual acción regresiva que podría ejercer contra el Estado Nacional en el supuesto de resultar perdedor en la presente causa. Por otro lado, destacó que la posibilidad de que se litigue ante la Justicia federal “traería aparejados trastornos en la representación letrada de la parte actora”, patrocinada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, cuya misión es la de “ejercer la defensa y representación de aquellas personas que invocaren y justificaren pobreza en sus reclamos contra el Gobierno de la Ciudad”. Por último, se refirió a que la decisión cuestionada conduciría a que deba litigarse contra el EN siempre que se invoque un derecho constitucional (convalidando “la generación de un manicomio litigioso, en desmedro del servicio de justicia en general y del justiciable”).

A los votos de los jueces Ruiz y Casás adhirieron, asimismo, Ana María Conde e Inés Weinberg (votó en disidencia el Juez Lozano), quienes se refirieron a otros pronunciamientos, en los que ya habían destacado que lo inmediato y relevante para el caso era la aplicación de las leyes y decretos reglamentarios de la Ciudad. Resulta un postulado pueril en torno a la autonomía, en este caso de la CABA, que aquel que ejerza la potestad para dictar sus propias normas y obligarse en sus términos, resulte a su vez responsable principal ante su eventual incumplimiento.