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Por falta de mérito, revocan una sentencia condenatoria por amenazas

25 de Octubre de 2016

Por falta de mérito, revocan una sentencia condenatoria por amenazas

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas revocó la sentencia de primera instancia que condenaba a un imputado a la pena de seis meses de prisión en suspenso, por un supuesto hecho de amenazas contra su ex pareja, en un contexto de alegada violencia doméstica.


En virtud de la apelación presentada por la Defensoría PCyF N° 3, a cargo de María Andrea Piesco, la Cámara de Apelaciones valoró que la prueba producida durante el debate era insuficiente para tener por acreditada la existencia del hecho, con el grado de certeza exigido para una condena penal.

La condena se había basado en la declaración de la denunciante –única testigo presencial-, su madre, las profesionales intervinientes en las entrevistas de las oficinas de asistencia a la víctima y el personal policial que intervino en la detención del imputado, y por ello se determinó que tampoco se había configurado el dolo directo que requiere la figura.

En función de eso, se realizó un análisis de la Convención de Belem do Pará, para determinar si efectivamente se trataba de un caso de violencia de género. Explícitamente se manifestó que “no todos los delitos contra la libertad de los que hayan sido víctima mujeres se basan en su género”, y que, aún en ese caso, los compromisos internacionales obligan a analizar esos conflictos con prudencia y garantizando la amplitud probatoria, aunque ello no significa realizar juicios sin otra prueba que una denuncia. Para reforzar esta postura, se citó el fallo “Ríos y otros vs. Venezuela”, donde la CIDH consideró necesario aclarar que “no toda violación de un derecho humano de la mujer conlleva una violación de las disposiciones de la Convención de Belem do Pará”.

El camarista Sergio Delgado en su voto, que contó con la adhesión de su colega Silvina Manes, analizó globalmente la declaración de la denunciante, quien había admitido una relación agresiva en la que discutían a menudo y se insultaban mutuamente, pero al momento de ejemplificarlo no describió ningún incidente en el que, durante la convivencia, ella hubiera sido agredida por el imputado.

Los informes de la Oficina de Violencia Doméstica y de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, no describían ningún otro incidente violento atribuido al imputado, salvo el que motivó el inicio de la causa. Por otro lado, la hermana y la madre del imputado declararon haber presenciado hechos violentos por parte de la denunciante, como golpes, roturas de ropa e insultos.

Asimismo, al momento del debate se tuvo en cuenta que la denunciante relató la existencia de tres testigos presenciales, que no había sido mencionado en ningún momento desde el hecho revelado hace más de un año. Estas personas, además, serían testigos del supuesto descarte de un arma de fuego con el que afirmó que el imputado la había amenazado.

En virtud de lo redactado se analizaron las declaraciones de la denunciante explicando la categoría de “testigo sospechoso” (aquel que tiene un interés en el desenlace del proceso), y se concluyó que “si una persona sufre una amenaza con arma de fuego que es ocultada por un vecino, no calla esta circunstancia a la policía, a las oficinas de asistencia a la víctima y a la fiscalía. Su declaración, por ello, no es verosímil sobre este punto y, por ello, tampoco sobre las amenazas que atribuye a su ex marido que, según sus dichos, se habrían perpetrado con dicha arma”.