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Impiden reanudar la investigación sobre un hombre acusado de cuidar coches sin autorización legal

05 de Abril de 2018

Impiden reanudar la investigación sobre un hombre acusado de cuidar coches sin autorización legal

La magistrada Susana Parada, a cargo por subrogancia del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 27 de la Ciudad, declaró la nulidad parcial de un decreto de determinación, dictado por la Fiscalía, que había dispuesto desarchivar la investigación penal preparatoria de un hecho imputado a un hombre, sucedido el 30 de junio de 2016.


A la persona se la acusa por presunta infracción al artículo 79 del Código Contravencional, el cual sanciona a quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal. Si bien la Fiscalía había archivado el hecho por falta de pruebas, más tarde lo desarchivó, acumulándolo a otros tres hechos acaecidos en octubre de ese año.

Para resolver la nulidad, la jueza consideró que la acusación no produjo nueva prueba y sólo basó su decisión en las múltiples actas contravencionales labradas a la persona. De este modo, la magistrada tuvo en cuenta los argumentos de la Defensora Oficial del imputado, María Marta Sormani -interinamente a cargo de la Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas n° 5-, quien había planteado que la acumulación de los hechos tenía que ver con una vinculación subjetiva (todas las actas labradas habían sido por presunta infracción al artículo 79), pero nada decía respecto de que se hubieran descubierto nuevas pruebas que justificaran el desarchivo.

A criterio de la Defensora, la decisión violaba la garantía del debido proceso, pues el desarchivo sólo podía obedecer a una cuestión de prueba y no a una reiteración de conducta (máxime cuando los hechos no habían sido juzgados y no se había alcanzado una etapa procesal que permitiera afirmar si había habido reiteración). Según manifestó Sormani, la imputación trata hechos concretos, no actividades en general o a lo que se dedica la persona imputada, puesto que de lo contrario se trataría de derecho penal de autor. En este sentido, sostuvo que si con posterioridad al 30 de junio de 2016 se labraron otras actas por hechos similares, en todo caso sería evidencia de la presunta comisión de otros hechos, pero en modo alguno acreditaría la comisión del suceso anterior.

Teniendo en consideración estos argumentos, la magistrada Parada entendió que no se advertía del trámite del proceso la aparición de circunstancias que permitieran modificar el criterio por el que se archivó el caso. De esta manera, consideró que la reapertura dispuesta por la fiscalía era infundada y claramente contraria a las disposiciones legales aplicables.