0800-DEFENDER (33-336-337)

La Defensoría interviene para garantizar el derecho a la salud integral de una niña

13 de Octubre de 2017

La Defensoría interviene para garantizar el derecho a la salud integral de una niña

En una causa en la que intervino la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5 de la Ciudad, a cargo de Ramiro Dos Santos Freire, el juez Marcelo López Alfonsín, titular del Juzgado Nº 18, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los padres de una niña de 6 meses discapacitada, que solicitaban que el Gobierno porteño afrontara la internación domiciliaria que precisa la bebé en forma urgente.


Los médicos de la menor, internada en el Hospital Durand por haber nacido con encefalopatía hipóxica izquierda (con convulsiones y anemia), parálisis infantil, dependencia de respirador y traqueostomia, habían prescripto su internación domiciliaria para evitar posibles infecciones intrahospitalarias. No obstante, las autoridades del área de Salud del Gobierno porteño omitían prestar el servicio y aducían que no estaba contemplado entre las prestaciones del sistema de salud. Ante esta situación, patrocinados por el Defensor Público, los padres -vecinos del Barrio Ramón Carrillo-, habían iniciado un amparo a fin de que el Gobierno cese en la omisión de asistir a la niña, planteando que las demoras podían tener graves riesgos en su salud. Ello, en virtud del artículo 20 de la Constitución de la Ciudad, que garantiza el acceso a la salud integral a todos sus habitantes, así como el artículo 39 que dispone que “la Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, les garantiza su protección integral y otorga prioridad dentro de las políticas pública”.

Al hacer lugar al reclamo de la Defensa Pública, el cual fue acompañado por la Asesoría Tutelar N°4, a cargo de Norma Sas, el juez ordenó al Ministerio de Salud porteño que proceda, en el plazo de cinco días, a la externación de la menor y asegure su internación en la vivienda de sus padres, “lugar que deberá contener equipamiento y recursos humanos necesarios según las condiciones fijadas por el médico tratante, incluso en caso de ser necesario apelando para ello a los recursos del sector privado a costa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

El derecho a la salud se vincula con el derecho a la vida y a la integridad física y constituye un valor primordial de nuestro ordenamiento jurídico, reconocido en los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, indicó el magistrado. Además, señaló que la cuestión involucra a una menor con graves problemas de salud, “respecto a quien resultan operativas las previsiones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”. Y se refirió, así, a las prescripciones contenidas en la Constitución local en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la salud integral, el gasto público en salud y la atención integral de las personas con necesidades especiales. En cuanto al sistema de salud, planteó: “El Estado tiene una responsabilidad subsidiaria como garante último del sistema de salud, responsabilidad que nace del compromiso internacional que asumió. [Esto] implica que está subordinada al incumplimiento o a la prestación irregular por parte de las obras sociales, siendo que el marco normativo ha determinado que estas entidades tienen la obligación primaria de cumplir con las prestaciones de salud de sus afiliados”.

El magistrado consideró acreditado, finalmente, el grave cuadro que presenta la menor, su discapacidad, los requerimientos de internación domiciliaria y la falta de respuesta de la prestadora. “En función de todo ello, considero que se encuentra acreditado la verosimilitud del derecho invocado en la demanda y el peligro en la demora”, afirmó. Y sostuvo: “de continuar en la unidad de terapia intensiva se expone potencialmente a la menor al contagio de alguna infección intrahospitalaria que agravaría su delicado estado de salud y arriesgaría su vida”.

Esta resolución es muy positiva en cuanto obedece a una concepción integral del derecho a la salud, conforme a los principios constitucionales y que debe ser garantizada a todas las personas independientemente de su situación económica”, concluyó, por su parte, el Defensor Dos Santos Freire.