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La intervención de la Defensa Pública en la causa Ramón Carillo*

28 de Junio de 2022

La intervención de la Defensa Pública en la causa Ramón Carillo*

Escrito por Lorena Lampolio — Defensora Coordinadora de la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo. Se desempeñó como Defensora Oficial ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA por más de 10 años. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires en 1994. Especialista en Derecho Administrativo, con Posgrado en Derecho de la Ciudad, ambos en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Diplomada en Derechos Humanos por la American University, Washington College of Law, Estados Unidos. Diplomada en Derecho Procesal Civil por la Universidad Austral. Ha escrito artículos en revistas especializadas, en el área de derechos humanos, derecho constitucional, administrativo y tributario.

  •  Recorrida por estudios de suelo con Facultad Agronomia UBA - 4 de Noviembre de 2016
  •  Estudios de suelo y agua con Facultad de Agronomía UBA - 17 de Mayo de 2017
  • Asamblea en  Ramón Carrillo - Abril 2018
  • Pozo de bombeo en obra - Marzo de 2018


* Este artículo fue elaborado sobre la base de la presentación realizada en la “Jornada sobre Derecho al Ambiente Sano”, organizada por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) el 26 de abril de 2022, publicada en YouTube, a través del canal institucional:  https://www.youtube.com/user/MPDCABA

Habitualmente asociamos el tema de las cuestiones urbanas con la naturaleza o con cuestiones rurales, pero no es así, porque en las ciudades también tenemos problemáticas ambientales urbanas. Como defensora oficial, cotidianamente lo observo cada vez que las personas asisten a la Defensa Pública en busca de asesoramiento jurídico acerca de temas relacionados con vivienda, con derecho a la salud. Estas temáticas traen aparejadas también cuestiones relacionadas con condiciones de vida como, por ejemplo, el saneamiento de las cuencas hídricas, el acceso al agua potable, suelos contaminados, basurales. Todas estas cuestiones están asociadas con lo que conocemos como “ambientalismo urbano”. Precisamente, cuando la Corte falló en el caso “Mendoza” —también conocido como la causa “Riachuelo”—, empezamos a tomar conciencia y a visibilizar el tema de las cuestiones ambientales urbanas.

En primer lugar, me gustaría delimitar el marco normativo ligado al ambientalismo urbano. En la cúspide de la pirámide normativa, está el art. 41 de la Constitución Nacional que establece el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Luego, y ya en el ámbito local, el art. 26 de la Constitución de la Ciudad establece que todos los habitantes de la Ciudad tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Así también, el art. 27 de la Constitución local —no me voy a referir a todos los postulados y los incisos— establece que la Ciudad instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente. El art. 28 prohíbe el ingreso de residuos peligrosos a la Ciudad en pos de mantener el ambiente sano. El art. 29 obliga a la Ciudad a definir un plan urbano ambiental, elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales, comunitarias —aprobado con la mayoría prevista en el art. 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas—. Y, por último, el art. 30 establece la obligatoriedad de un estudio de impacto ambiental, que debe realizarse cuando, con cualquier obra pública o privada, se afecta el medioambiente. Es decir que la Ciudad de Buenos Aires tiene un plan urbano ambiental, el cual fue aprobado por la Ley Nº 2230, que tiene carácter constitucional. Y por debajo de eso encontramos la Ley Nº 6099, que aprueba el Código Urbanístico. Y por debajo de esas leyes, los distintos códigos como, por ejemplo, la Ley Nº 6100, que aprobó el Código de Edificación Urbana. Y un tema fundamental por destacar es que la Ciudad tiene una deuda pendiente con sus habitantes: sancionar un código ambiental; eso todavía no ha sucedido. Por eso, el objetivo central del Plan Urbano ha de servir como instrumento técnico-político de gobierno para la identificación e implementación de las principales estrategias de ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de Buenos Aires.

Una vez delimitado el marco normativo, me referiré a lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y ambiental en la Ciudad. El Área Metropolitana de la República Argentina es el centro financiero y de mayor poder político de la República. Ese territorio es donde se desarrolla la mayor productividad y actividad financiera y económica que les da sustento a más de quince millones de habitantes. En ese territorio, se utilizan recursos naturales que tienen un impacto ambiental y eso afecta la salud de las personas. Si el Estado no interviene, o lo hace en forma deficitaria, aparecen los conflictos ambientales. Y si a eso le sumamos la cuestión social, vemos que hay una desproporción en cómo se distribuyen estas problemáticas. La mayor cantidad de conflictos ambientales en el territorio está en las zonas habitadas por las personas con mayor vulnerabilidad social y económica. Nosotros podemos pensar que la Ciudad de Buenos Aires tiene una buena cobertura de servicios básicos, pero a medida que nos vamos alejando del centro de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a la zona sur, esa cobertura es deficitaria y, a veces, inexistente. Por ejemplo, de acuerdo con los registros que tiene el CeSAC —los Centros de Salud de la Comuna 4 y la Comuna 8—, en adultos, pero mayoritariamente en niños, niñas y adolescentes, hay una gran cantidad de enfermedades denominadas “enfermedades hídricas”. Estas son enfermedades de las vías respiratorias, en la piel, gastrointestinales que padecen las personas que tienen contacto con aguas contaminadas. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires —aunque sucede en todo el territorio de la República Argentina, solo me referiré a CABA porque es el ámbito donde actúo—, las familias que tienen menos recursos económicos porque no tienen trabajo o no acceden al mercado laboral formal no cuentan con otra alternativa más que construir sus casas en asentamientos mayoritariamente con suelos contaminados, que previamente fueron basurales a cielo abierto. Esas familias son las que presentan mayores problemáticas de salud y ambientales. Si a eso le sumamos que con frecuencia existen muchos problemas en cuanto a la tenencia precaria de esas viviendas, surge un tema adicional, que es el de la seguridad jurídica.

Como mencioné antes, estos temas no tenían demasiada visibilidad y pasaban inadvertidos a los ojos de muchos. Pero a partir de lo que sucedió con la Cuenca Matanza-Riachuelo, esto tomó relevancia. Porque el fallo “Mendoza”, al analizar el tema de las cuencas hídricas, ya no se refiere solamente al curso de los ríos, sino que empezó a analizar todo lo que tiene que ver con las aguas superficiales, las aguas subterráneas, porque mucha gente frente a la imposibilidad de tener agua potable, construye pozos, y esos pozos, obviamente, tienen contacto con napas que están contaminadas, y muchas veces tener agua no significa tener agua de buena calidad, agua segura. En el Ministerio Público de la Defensa, tuvimos acceso a varias causas en las que se tomó contacto con esta problemática.

Hechas estas observaciones generales, voy a reseñar mi experiencia como Defensora Oficial en la causa de los vecinos del barrio Ramón Carrillo —la causa “Amador”, la cual se conoce así porque es el nombre de la actora que la inició—. Y como creo que una imagen vale más que mil palabras, les recomiendo que vean el documental “Los relocalizados”, que se estrenó en 2017, dirigido por Diego Arcella; allí se cuenta la situación del barrio a 25 años de la relocalización de los y las vecinas.

En primer lugar, es importante señalar que Ramón Carrillo es un barrio construido por la Comisión de la Vivienda dependiente de la Municipalidad de Buenos Aires —antes de que fuéramos Ciudad Autónoma de Buenos Aires—. Ese organismo devino hoy en lo que es el Instituto de la Vivienda, es decir que, una cuestión por tener en cuenta es que esto no es un asentamiento; es un barrio que construyó el propio Estado, la Comisión de la Vivienda. Los vecinos que fueron adjudicatarios de estas casas pagaron por esas viviendas. Estos vecinos eran residentes del antiguo ex-Albergue Warnes, ese proyecto de Hospital Pediátrico Modelo de los años 50, que nunca llegó a funcionar. Estos vecinos fueron relocalizados en 1990, en dos días.

Respecto de la causa, puntualmente, en 2005, un grupo de vecinos del barrio Ramón Carrillo iniciaron un amparo cuyo objetivo principal era que se cumpla con una ley de la Legislatura porteña, la Ley Nº 1333. Esa ley dispuso la readecuación de la infraestructura del barrio. Es decir que, se hagan nuevamente todas las redes de servicios sanitarios, cloacales y pluviales, redes de electricidad y gas natural, alumbrado y barrido, y también todo lo que tenía que ver con la repavimentación de las veredas y de las calles, porque uno de los problemas que tenían es que como no estaban pavimentadas todos los fluidos cloacales corrían a cielo abierto. Entonces, el primer punto del amparo era que se cumpla con lo dispuesto en la Ley Nº 1333 —ley sancionada en 2004 y prorrogada en forma sucesiva hasta el año 2012—. El segundo punto que reclamaba el amparo era que se informe, por medio de los organismos especializados, en caso de existir un estudio ambiental y, en caso afirmativo, que este se adjunte a la causa. El tercer punto era que se realice un estudio epidemiológico ambiental a efectos de determinar el grado de contaminación, dado que el barrio —como dije anteriormente— fue construido en un basural y había estudios realizados por el propio Estado de los años 90 y 91 que habían demostrado que existía contaminación, obviamente, de mercurio y plomo en las personas que habitaban el barrio.

Tras un litigio que duró bastante tiempo, con producción de prueba y audiencias, hay una cuestión por destacar: el juez que intervino en la causa hizo muchos reconocimientos. El juez se acercó al barrio, vio, reconoció el problema; eso fue lo más importante. Así que, en marzo de 2010, se dictó sentencia; en ella se hizo lugar a todas las peticiones de los vecinos. En 2013, se encontró firme la sentencia, es decir que el Gobierno no apeló y la Sala confirmó la sentencia de Primera Instancia, por lo que se hizo lugar a todo lo requerido por los vecinos. Y una cosa interesante por destacar, respecto del tema ambiental, es lo que sostuvo la Sala: “la existencia de contaminación ambiental en el barrio Ramón Carrillo se encuentra ampliamente probada por los estudios realizados por la propia demandada en el año 1991. En aquella oportunidad, el análisis de suelos mostraba contaminación por mercurio y valores anormales de plomo, situación que habría tenido su origen en el volcamiento de desechos industriales”. Y otro párrafo para destacar: “no puede obviarse la íntima relación de los derechos involucrados. En efecto, el acceso a la infraestructura y los servicios públicos indispensables en el área de la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la vida se entrecruzan aquí de un modo inseparable”. Es decir que la Cámara confirmó la sentencia de Primera Instancia y remitió las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia para comenzar con la ejecución de la sentencia.

Ahora bien, ¿cuál fue la actitud del Estado respecto de la sentencia firme? Desafortunadamente hubo muchos problemas para que el Gobierno cumpliera con lo dispuesto. Se generó mucha tensión entre lo que es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tensión entre el poder de juzgar y el poder de hacer o de actuar. En atención a los reiterados incumplimientos denunciados por parte del Ministerio Público, el Juzgado, obviamente, le impuso multas al Gobierno. Multas, astreintes como lo llamamos los abogados, multas que aún se encuentran vigentes porque la sentencia no está cumplida en su totalidad.

Este incumplimiento del Gobierno local tuvo un impacto muy fuerte, tanto en los vecinos y vecinas del barrio —por la frustración de ver que esta demanda que habían ganado no se cumplía— como en el Tribunal, porque a ningún juez le gusta que sus sentencias no sean cumplidas.

Quiero destacar una cosa que no dije hasta ahora, es que soy la Defensora en la causa de Primera Instancia, pero el Dr. Lodeiro es el Defensor en Segunda Instancia. Y no trabajamos por separado entre Primera Instancia y Segunda Instancia, sino que es un trabajo en conjunto porque es la única forma de poder sacar adelante estos temas tan complejos. Así que nos reunimos para pensar qué podemos hacer, qué estrategia podemos seguir para que esto se cumpla. Y, obviamente, recurrimos a las herramientas procesales que tiene el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y elegimos la ejecución forzada, es decir, la ejecución de una sentencia a cargo de terceros.

Un tema que también nos generó debate es quién era el sujeto idóneo para cumplir la sentencia. Así que también recurrimos al texto de la Constitución de la Ciudad —que es sabia— y en el art. 58 dice que la Universidad de Buenos Aires y las universidades nacionales son las consultoras preferenciales de la Ciudad. Así que le propusimos al Juzgado, en 2016, que un tercero extraño a la litis sea el que ejecute la sentencia incumplida por parte del Gobierno local. El Tribunal, obviamente, aceptó la ejecución a cargo de terceros, así fue como la Universidad de Buenos Aires, en distintos puntos, fue la que cumplió la sentencia. Con relación al punto 2, relativo al análisis de la contaminación del suelo, fue la Facultad de Agronomía —con la cátedra de Química Analítica— la que llevó a cabo este punto de la sentencia, y esa etapa hoy está cumplida. Luego, en relación con el estudio epidemiológico en niños, niñas y adolescentes, se encargó a la Facultad de Farmacia y Bioquímica —la cátedra de Toxicología—. Respecto del punto 2 de la sentencia, lamentablemente con lo que nos pasó con la pandemia, no pudo cumplirse ya que hubo un lapso de dos años en el que no se pudo hacer ninguna actividad como ir al barrio, retirar muestras y demás, así que ahora están nuevamente en etapa de ejecución. Por su parte, respecto del punto 1 de la sentencia, el Gobierno de la Ciudad acreditó en el expediente un anteproyecto. Como era un tema muy complejo de evaluar, solicitamos que se designe a expertos, también considerando los institutos jurídicos que prevé el Código Contencioso en los arts. 207 y 208, por lo que se designó a expertos de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura para que puedan evaluar toda la documentación.>

Ahora bien, desde 2016 el IVC ha generado mesas técnicas con participación de las autoridades, expertos y de los vecinos —y del MPD—. Y aquí destaco el trabajo que hace el Equipo de Hábitat Nº 2 del MPD que asiste en la causa del barrio y que está presente siempre en esas mesas técnicas.

Y lo que todavía falta y está pendiente es la puesta en funcionamiento de la estación de bombeo. En 2019, en esa estación de bombeo, se hicieron diversas pruebas. Hasta el día de hoy sigue fallando —parece que estaba averiado el caño principal de propulsión—, y frente a los reiterados pedidos desde la Defensoría de que se repare ese caño, no hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria.

Lo último que hicimos en la causa fue proponer un estudio de prefactibilidad —que aún no fue contestado por AySA— para consultar si en vez de seguir insistiendo en la reparación de la estación de bombeo del barrio, podríamos hacer una reconexión con el margen izquierdo del Riachuelo.

Para cerrar esta presentación, los y las invito a reflexionar sobre la relación entre el derecho al ambiente sano y el derecho a la salud de los vecinos del barrio Ramón Carrillo, sobre cuál fue la respuesta que se les dio a esos vecinos que aún hoy, en virtud del incumplimiento de la sentencia, tienen afectado el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano. Los y las vecinas son las víctimas vivientes de todo esto y no pueden esperar más a que se resuelva el problema de la contaminación. Por eso, muchos reclaman participación, reclaman reparación. Y cuando hablo de la reparación, lo defino en términos de justicia social. Y, en este caso, tendrá sentido si el cumplimiento de la sentencia logra mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Ramón Carrillo.