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Ordenan al GCBA realizar tareas de higiene en el Bº Padre Mugica para garantizar la salud de los vecinos

07 de Abril de 2020

Ordenan al GCBA realizar tareas de higiene en el Bº Padre Mugica para garantizar la salud de los vecinos

El Gobierno porteño deberá informar qué medidas se adoptarán a fin de implementar la debida recolección de residuos y la remoción de los escombros situados tanto en los espacios públicos, como en las vías de circulación y viviendas deshabitadas por las familias relocalizadas en el barrio.


El martes 7, la justicia de la Ciudad le ordenó cautelarmente a la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presente, en el término de tres días, un cronograma de acción que refleje la situación real del estado sanitario en el que se encuentra el sector “Bajo Autopista” del Barrio Padre Carlos Mugica (más conocido como Villa 31), con el fin de garantizar los derechos a un ambiente sano y a la salud de sus habitantes, sobre todo en el contexto actual de propagación de las enfermedades del dengue y el coronavirus (Covid-19).

La medida cautelar, de carácter colectivo, había sido solicitada por la titular de la Defensoría CAyT N°3, María Lorena González Castro Feijoo, en razón del grave estado de vulnerabilidad y peligro sanitario en el que se encuentran los vecinos por las demoliciones que el GCBA estaba realizando al decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Dichas demoliciones son parte del proceso de reurbanización del barrio y se habrían realizado sin atender a los criterios de salud pública, ya que se dejaron grandes cantidades de escombros y basura que contribuyen a la proliferación de enfermedades. Por este motivo, la Defensora había solicitado que se garantice “el derecho a vivir en un ambiente sano y adecuado y, en función de ello, a resguardar la sanidad, salubridad e higiene de quienes viven en ese asentamiento”.

En tal sentido, la Justicia de la Ciudad le solicitó al Gobierno porteño que informe qué medidas se adoptarán a fin de implementar la debida recolección de residuos y la remoción de los escombros situados tanto en los espacios públicos, como en las vías de circulación y viviendas deshabitadas por las familias relocalizadas.

En su sentencia, la magistrada Alejandra Petrella consideró que “La responsabilidad del estado local, en el caso, se funda en la obligación que tiene éste de proveer a sus habitantes de condiciones de higiene y seguridad en el marco del Poder de Policía de sanidad”. En tal sentido, afirmó que “de las distintas actas, minutas audiencias, reuniones y sesiones efectuadas por las organizaciones u organismos vinculados con el Barrio 31 que se han adjuntado se desprende que han sido reiteradas las denuncias y los pedidos realizados por los vecinos relacionados con las demoliciones, remoción de escombros, recolección de residuos, fumigaciones, desratizaciones y desinsectaciones; todas ellas solicitudes que no habrían tenido respuesta alguna por parte de la Administración local”.

Asimismo, se refirió al material fotográfico presentado, en el que se ven predios con una gran cantidad de residuos, escombros y objetos que permiten la acumulación de agua; sectores en los que se evidencia que el sistema de recolección de residuos no ha realizado tarea alguna; niños que utilizan como medios de juego y entretenimiento esos escombros y residuos, y que presentan ronchas y picaduras; e imágenes de los roedores que merodean la zona “en las que es posible advertir que su tamaño se asemeja al de animales domésticos como gatos”.

Al respecto, destacó: “La basura y escombros acumulados a cielo abierto generan suciedad y mosquitos, provocando grave riesgo de contraer enfermedades que hoy debe minimizarse debido a la pandemia que estamos viviendo y es en las zonas más precarias de la Ciudad en que el Gobierno local debería poner un mayor empeño y cuidado, disponiendo mecanismos adecuados y aún más intensos, de recolección de residuos y limpieza. Así las cosas los habitantes de la Villa 31 tienen derecho a gozar de un ambiente sano –por mandato constitucional– y, en idénticas condiciones que el resto de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, garantizando la adecuada prestación del servicio de recolección de residuos, conforme las facultades del Poder Ejecutivo local”.

Hace nueve meses que los vecinos del barrio vienen solicitando la limpieza del sector, pues señalan que cada vez que una familia se muda al nuevo complejo construido, se demuele y tapia la vivienda abandonada, pero no se limpia debidamente la suciedad y los escombros que se generan. De hecho, habían presentado un reclamo sobre este mismo tema en el ámbito del Consejo de Gestión Participativa del Proceso de Re-urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica, sin tener respuesta por parte del Gobierno, pese a contar con una recomendación de la Defensoría del Pueblo en el mismo sentido y a haber sido apoyados por los demás miembros del Consejo.

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de la Ciudad es miembro de este Consejo, un órgano de carácter consultivo que acompaña la gestión del proyecto de reurbanización del asentamiento. Asimismo, a través de un trabajo articulado entre la Defensoría N° 3 CAyT, la Secretaría Letrada de Derecho al Hábitat 3 y la Dirección de Orientación al Habitante, acompaña los reclamos de los habitantes del barrio en el marco del proceso de relocalización que no reciben una respuesta satisfactoria de parte del Gobierno porteño.