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Ordenan al GCBA y al IVC dar una solución habitacional a una mujer trans discapacitada

20 de Diciembre de 2017

Ordenan al GCBA y al IVC dar una solución habitacional a una mujer trans discapacitada

En una causa en la que intervino la Defensora Oficial en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, María Lorena González Castro Feijóo, la titular del Juzgado N° 6, Patricia López Vergara, condenó al Gobierno porteño y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a arbitrar los mecanismos para a proveer a una mujer transgénero, con serios problemas de salud, una “ubicación habitacional configuradora del derecho a la vivienda adecuada”. Ello, “en tanto la amparista no se halle en condiciones de superar su situación” y con la aclaración de que “en el caso de que la solución consista en una prestación económica, la misma deberá satisfacer íntegramente las necesidades habitacionales concretas de la actora”.


Con el patrocinio de la Defensa Pública, la mujer había interpuesto un amparo alegando ser una persona de 53 años, con bajo nivel educativo y a punto de quedar en la calle, tras haber agotado las cuotas del Programa “Atención Para Familias en Situación de Calle” (decreto 690/06) y luego de que el IVC le negara asistencia. Explicaba que la aplicación de silicona, aceite de avión y vaselina para adecuar su cuerpo a su identidad de género, le había generado serios problemas de salud, por lo cual había obtenido un certificado de discapacidad. En definitiva, planteaba que se encuentra en situación de alta vulnerabilidad, desocupada y sin una red de contención.

En su sentencia, la jueza se refirió a las directrices de la Corte Suprema en torno al derecho a la vivienda y a la importancia de este derecho para que cada uno trace su plan de vida. Afirmó que la Constitución Nacional garantiza el acceso a una vivienda digna y acuerda especial protección a las personas discapacitadas, mientras que la Constitución de la Ciudad también reconoce este derecho y el deber de protección de los más vulnerables. Destacó el resguardo que ofrece la ley 4.036 a las personas en situación de vulnerabilidad y la asistencia que brinda la ley 3.706 a quienes viven en la calle o corren dicho riesgo. Incluso, se refirió a los precedentes locales y federales que reconocen el acceso a la vivienda. “A la luz del artículo 25, inc. 3° de la ley n° 4.036 y jurisprudencia del Máximo Tribunal local, las personas en situación de discapacidad que se hallen en un contexto de vulnerabilidad social tienen derecho a un alojamiento”, afirmó.

En cuanto a la situación de la mujer, López Vergara planteó que del informe de la Trabajadora Social de la Defensoría Nº 3, surge que se halla en situación de vulnerabilidad, en un contexto de “precariedad, ignorancia y falta de recursos económicos”. Asimismo, señaló que allí se concluye que “si bien la amparista afrontó las dificultades vinculadas a la pobreza extrema e identidad sexual y que supo aprovechar las pequeñas oportunidades, actualmente necesita que el estado la asista”.

Es dable resaltar”, dijo la magistrada, “que las demandadas sólo se limitaron a negar que la actora se encontrara en situación de vulnerabilidad y que fuera titular de un derecho constitucional vulnerado (…), [desconociendo] la documental acompañada por la actora, en especial el informe socio-ambiental”. El mismo IVC, según planteó, no logró demostrar que cumplió con su finalidad de “Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma”. Así pues, la jueza entendió que devenía imperiosa la ayuda estatal “a fin de brindar a la actora las herramientas necesarias en pos de una vida digna y autónoma”.

Pues la magistrada explicó que, por su salud, su escasa formación y contención y, sobre todo, la discriminación que sufre, la amparista no logra acceder al mercado laboral. “El postulado que reputa que todos somos iguales ante la ley no alcanza ni acerca una realidad en la que todos pueden acceder al mercado laboral” afirmó, para luego agregar “las mujeres con escasa preparación cuentan con mínimas posibilidades de acceso al mercado laboral”. Asimismo, señaló que “En el proceso de construcción de su identidad, la actora se ve expuesta a intolerables y constantes situaciones aberrantes, las cuales se traducen en dificultades concretas para conseguir alojamiento y una barrera para el acceso a un empleo digno”. Y destacó que, en este contexto, la mujer “Sólo podrá superar su particular estado de vulnerabilidad en la medida en que pueda atravesar un proceso de autovalimiento que solamente puede ser posible si el Estado local le brinda las herramientas necesarias”.

En este sentido, la jueza insistió en que la comunidad internacional se desvela “por combatir los prejuicios sociales, la discriminación y la violencia que se registra contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex”. Del mismo modo, señaló que el enfoque de género ha sido receptado en la legislación nacional y local y en el ámbito de la Justicia local. “La función jurisdicción debe necesariamente resolver las contiendas a través del lente que pone especial atención en la construcción del género libre de prejuicios”, dijo la magistrada.

En cuanto al derecho a la vivienda, tras revisar los convenios, pactos y declaraciones con jerarquía constitucional que receptan este derecho, afirmó: “Bajo el prisma [del] principio de interdicción de regresividad y de las probanzas colectadas en autos surge evidente que la conducta desplegada por el estado local no se condice con las obligaciones asumidas”. La jueza declaró, así, “la inconvencionalidad y, por ende, la inconstitucionalidad de la conducta renuente de la parte demandada en el cumplimiento de las mandas convencionales y constitucionales” (si bien rechazó los cuestionamientos respecto a la ley 4.036 y ley 2.145).

Finalmente, la magistrada subrayó que “la demandada no ha demostrado haber hecho todo lo posible por utilizar los recursos de los que dispone con el objeto de cumplir, de manera prioritaria, con el núcleo de los derechos. (…) la conducta adoptada por la demandada al no ponderar la situación personal de la actora resulta contraria a la tutela específica e integral del ordenamiento jurídico”. Por ello, además de ordenar al IVC y al Gobierno que garanticen su derecho a la vivienda, la magistrada dispuso que deberán “Colaborar en forma conjunta en la búsqueda de alternativas de superación de la crisis de la actora”. Dichas propuestas, sobre cuyo avance los tendrán que informar semestralmente, “deberán contemplar las particulares condiciones en que se halla la actora (…) [poniendo] a su disposición las pertinentes herramientas y recursos, entre ellos, el Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo”.

“M.D.D. c/ GCBA y OTROS s/ AMPARO”, Expediente n° A758.455-2016/0