0800-DEFENDER (33-336-337)

Ordenan al Gobierno porteño otorgar un alojamiento digno a una mujer en situación de calle

02 de Mayo de 2017

Ordenan al Gobierno porteño otorgar un alojamiento digno a una mujer en situación de calle

En el marco de un amparo iniciado con el patrocinio de la Defensora Cecilia González de los Santos, la Jueza Romina Tesone ordenó al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno porteño que, en el término de dos días, otorgue a una mujer en situación de calle un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad, o bien los fondos suficientes para acceder a ello, hasta tanto recaiga decisión definitiva y firme en la causa.


De acuerdo a lo reseñado en la demanda, la mujer no cuenta con recursos económicos para afrontar el pago de un alojamiento y se alimenta en un comedor. Además, tiene problemas de salud (producto de un accidente, apenas puede mover una mano, lo que generó que perdiera su trabajo y le impide insertarse nuevamente en el mercado laboral) y carece de redes familiares que le brinden contención. Si bien solicitó una extensión del “Programa Atención para Familias en Situación de Calle”, mediante el cual había podido alojarse durante un tiempo en un hotel, alegaba que no había recibido respuesta a su pedido.

Al hacer lugar a la cautelar, la Jueza consideró que, sin perjuicio de lo que se resuelva al dictar sentencia definitiva, “de las constancias arrimadas hasta el momento se acreditan liminarmente los dichos expuestos por la actora”. “En efecto de la documentación se desprende su estado de salud y el hecho de que ha sido beneficiaria de un subsidio habitacional, cuya renovación habría sido desestimada por la Administración”, señaló.

En cuanto al derecho a la vivienda, Tesone destacó que se encuentra consagrado en diversas normas, entre ellas la Constitución Nacional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en el ámbito local, la Constitución de la Ciudad y la ley 4036. Esta última, en particular, consagra “el deber de priorizar el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad social a las prestaciones de las políticas sociales del Gobierno y contempla a las mujeres en situación de emergencia como grupo que cuenta con especial protección jurídica”.

En este sentido, la magistrada entendió que “del plexo normativo se desprende –prima facie- el derecho de la actora al acceso a una vivienda digna dada su situación de vulnerabilidad social (circunstancia que, por lo demás, fue reconocida por la propia Administración al incorporarlo al programa habitacional cuyo pedido de renovación no habría sido contestado sin que se verificara que la actora haya superado las condiciones originales que llevaron a su concesión)”.

“Así, dentro del limitado marco de conocimiento de este tipo de medidas, la medida solicitada aparece como la única posibilidad de evitar el daño actual debido a su situación, máxime cuando tampoco se advierte que su concesión implique una grave afectación de un interés público”, explicó la Jueza.

Finalmente, afirmó: “En atención a ello, y dada la situación particular de la actora, considero que se encuentran prima facie acreditados los requisitos de la verosimilitud del derecho y peligro en la demora requeridos para hacer efectiva la tutela judicial de esta naturaleza”.