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Ordenan al Gobierno porteño otorgar una solución habitacional a una mujer en situación crítica de vulnerabilidad social y física

14 de Marzo de 2017

Ordenan al Gobierno porteño otorgar una solución habitacional a una mujer en situación crítica de vulnerabilidad social y física

Con el patrocinio de la Defensa Pública de la Ciudad, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Pablo Mántaras, resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por una mujer de 52 años, internada en el Hospital Piñero quien, al ser dada de alta, carecía de un sitio donde alojarse. En tal sentido, ordenó al Gobierno porteño que en el término de dos días de notificada la decisión, acredite haberle otorgado una solución de vivienda adecuada o los fondos para acceder a la misma, hasta tanto exista sentencia definitiva.


En la demanda, interpuesta por la Defensora Lorena Lampolio -si bien la causa seguirá su trámite con la intervención de Pablo De Giovanni, a cargo de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2- la mujer alegaba ser diabética insulinorrequirente, además de padecer de obesidad, hipertensión, pie diabético (por lo cual usa silla de ruedas y bastón), neumonía y otras afecciones. Relataba que no se le había renovado el subsidio de “Atención a familias en situación de calle”, por lo cual sólo percibía dinero del Programa “Ticket social” y una pensión por ser madre de más de siete hijos. Sus problemas de salud, planteaba, le impedían superar su situación de pobreza, pues le era imposible ingresar al mercado laboral.

En el fallo, el magistrado consideró que “la actora requiere una urgente solución teniendo en cuenta su estado de vulnerabilidad social y física”. Encontró acreditado, en efecto, que ella es titular del derecho de acceso a una vivienda digna y que hay una situación de emergencia que le impide superar su vulnerabilidad. “Se encuentra sola, desempleada y sin una red de contención social y familiar que le permita afrontar la situación económica. Estas circunstancias, sumadas a su delicado estado de salud, tornan prácticamente imposible su incorporación al mercado laboral, y a su vez, son la causa directa de su situación de vulnerabilidad”, afirmó.

En este contexto, el juez planteó que “frente a una expresa exigencia constitucional –esto es, garantizar el acceso a la vivienda de sectores de alta vulnerabilidad social–, las autoridades de la Ciudad no están facultadas, sino obligadas a actuar. La Administración no puede, frente a un expreso mandato constitucional de actuar, elegir no hacerlo”. En particular, señaló que “existe un riesgo concreto de que, en caso de persistir el estado de cosas actual, se afecten los valores más esenciales del ser humano, por caso, el derecho de la actora a subsistir dignamente, en condiciones que no pongan en riesgo su seguridad, su salud y que resulten mínimamente adecuadas para desarrollar su proyecto de vida”. A la vez, destacó que “no se advierte que la concesión de la tutela cautelar pretendida pudiera ocasionar una frustración del interés público, ni que resulte idónea para afectar la prestación de un servicio público o perjudicar una función esencial de la Administración”.

En cuanto a la solución habitacional transitoria que deberá brindar el Gobierno, Mántaras manifestó que “en forma alguna podrá materializarse a través de la incorporación de la amparista a la red de paradores u hogares transitorios”. “Tal como expresamente lo dispone la Ley N° 3706 los paradores no constituyen una alternativa habitacional, y, en ese orden, los considera dentro del concepto de ‘situación de calle’”, concluyó.