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Ordenan garantizar una vivienda a una mujer trans

08 de Septiembre de 2017

Ordenan garantizar una vivienda a una mujer trans

La mujer había iniciado el amparo porque el Gobierno le negaba asistencia pese a encontrarse en un estado de máxima vulnerabilidad (agravado por su pertenencia al colectivo trans), sin trabajo, hospitalizada a raíz de complicaciones derivadas de una intervención de reasignación de sexo y en inminente situación de calle.


En una causa en la que intervino Pablo De Giovanni, interinamente a cargo de la Defensoría Nº 2 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, el titular del Juzgado Nº16, Martín Furchi, hizo lugar a un amparo promovido por una mujer transexual, reconociendo su derecho a un alojamiento.

El magistrado ordenó al Gobierno que presente una propuesta para brindarle una vivienda que reúna las condiciones adecuadas a su situación y que la oriente para que pueda incorporarse en algún curso de formación que favorezca la superación de su situación. Ello, hasta tanto “se demuestre que las circunstancias de emergencia habitacional en la cual se encuentra la accionante han desaparecido, dejando aclarado que la misma deberá participar activamente y comprometerse en la búsqueda de estrategias para dar solución a la problemática que padece”.

La mujer había iniciado el amparo porque el Gobierno le negaba asistencia pese a encontrarse en un estado de máxima vulnerabilidad (agravado por su pertenencia al colectivo trans), sin trabajo, hospitalizada a raíz de complicaciones derivadas de una intervención de reasignación de sexo y en inminente situación de calle. Si bien había percibido el subsidio del “Programa de Atención a Familias en Situación de Calle” (Decreto Nº 690/06), había dejado de cobrarlo al cumplirse el plazo máximo. En la causa, había planteado también la inconstitucionalidad de dicho decreto y de la Ley Nº 4036 de la Ciudad. Había solicitado, asimismo, una medida cautelar a fin de que se la incorpore en alguno de los planes asistenciales existentes, solicitud a la que si bien se hizo lugar en primera instancia, más tarde rechazó la Cámara de Apelaciones.

En su fallo, el juez señaló que “la cuestión debatida se vincula con el derecho de la amparista a ser mantenida en un plan asistencial, que le permita acceder a un alojamiento, reconociéndole de esta forma sus derechos constitucionales a la vivienda, a la salud y a la dignidad”.

En primer lugar, se refirió a la exigibilidad de los derechos sociales y a la obligación del Estado de diseñar políticas para facilitar el acceso a una vivienda digna, que surgen de la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Constitución de la Ciudad y las normas locales (entre ellas, la Ley Nº 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle; y la Ley N° 4036 de Protección Integral de los Derechos Sociales para los Ciudadanos de la Ciudad). En cuanto a los derechos de las personas trans, mencionó la Ley N° 4238, que busca contribuir con el desarrollo de los intersexuales, transexuales, travestis y transgénero; las observaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales y los Principios de Yogyakarta. Destacó, en particular, la importancia de aplicar en el caso el principio de no regresividad, que “en materia de derechos sociales exige que el Gobierno brinde una prestación habitacional que resguarde en su totalidad la integridad de la persona”.

En cuanto a la situación de la mujer, precisó: “Se ha acreditado que la actora se encuentra en una posición vulnerable”. Pues destacó que la autoridad de aplicación del decreto, al incluirla en el programa, la consideró persona sola en situación de calle y, además, de los informes surge que si bien concluyó los estudios secundarios y una tecnicatura, no logra obtener los recursos para superar el contexto en el que vive, por la exclusión social que sufre como parte del colectivo transexual (discriminación cuyos efectos subrayó el juez al citar un informe del Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad que da cuenta que las personas trans que han tenido estudios, igualmente suelen ser discriminadas en el acceso al empleo por su identidad de género). Asimismo, explicó que su salud es delicada producto de la cirugía a la que se sometió (debe realizarse cuidados que requieren de privacidad y comodidad y no puede hacer esfuerzos), debiéndose además someter a un tratamiento psiquiátrico por efecto de su cambio hormonal.

En esa tesitura, se estima que subsisten razones que justifican su reincorporación en el marco de la asistencia brindada actualmente con base en el Decreto Nº 690/06. Ello, en miras a que pueda llegar a la superación definitiva de la situación de vulnerabilidad”, afirmó Furchi.

Finalmente, al analizar el planteo de inconstitucionalidad de la amparista en relación con el Decreto Nº 690/06, el magistrado destacó que el artículo 5º de dicho decreto, en su nueva redacción (según el texto del Decreto Nº 637/16), ha excluido la posibilidad de extender los plazos del subsidio. Por ende, “al no preverse alguna otra prestación sustitutiva al cobrarse la totalidad de las cuotas previstas para ese subsidio, la consecuencia en los hechos sería que la actora deba volver a la situación de vulnerabilidad en caso de no encontrarse una solución a su situación de emergencia habitacional al finalizar la percepción de esas cuotas”. En tal sentido, agregó: “el principio de no regresividad, en las directrices emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Aquino”, impone al Estado evitar que, a través de medidas legislativas o administrativas se disminuya el grado de protección de los derechos. Por lo expuesto, se estima que el artículo 5 del Decreto Nº 690/06, en su actual redacción conforme al artículo 1 del Decreto Nº 637/16 (…), debe ser declarado inconstitucional en el caso concreto”.

Nombre del Expediente: “ECHANIZ NOEMI KIARA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO”
Número: A31534-2016/0