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Sobreseen a una persona imputada de portar un arma de fuego de uso civil, sin autorización legal

22 de Julio de 2016

Sobreseen a una persona imputada de portar un arma de fuego de uso civil, sin autorización legal

A partir de una solicitud realizada por la Defensoría en lo Penal Contravencional y de Faltas N°13,a cargo de Paula Lagos, la Jueza PCyF, María Fernanda Botana, resolvió, sobreseer a una persona acusada por el delito de portación de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (Art. 189 bis, inciso “2” del Código Penal). En diciembre de 2015, dicha persona había sido detenida cuando, al descender de un automóvil, fue acusada de arrojar un revólver cargado detrás de otro vehículo estacionado.


En su resolución, la jueza consideró que para configurarse el tipo penal previsto por el art. 189 bis inc. 2 del Código Procesal de la Ciudad, que se reprime con 1 a 4 años de prisión, el arma debe encontrarse en condiciones de funcionamiento y apta para el disparo. Sin embargo, el 5 de abril pasado se había resuelto declarar la nulidad de los informes periciales realizados para verificar el estado del arma al momento del hecho. Esto se debió a que al revisarla, se había encontrado que el cañón estaba obstruido por un proyectil, lo que había obligado a alterar el estado en que había sido recibida sin que se hubiera seguido el procedimiento previsto en la legislación vigente. El Código Procesal Penal de la Ciudad establece que, a fin de que no se vulnere la garantía de defensa en juicio, cuando en la investigación se deben realizar actos irrepetibles (que alteran el bjeto de modo tal que no pueda volverse a su estado anterior), debe darse intervención al juez de garantías y notificar a las partes para que participen en el acto, además de grabar y/o filmar su realización. No obstante, la Fiscalía había autorizado la extracción del proyectil sin respetar estos recaudos legales, razón por la cual se declaró inválido el peritaje.

Por este motivo, la magistrada consideró válido el planteo de la Defensa Pública, ya que al carecer de valor probatorio los informes periciales, no resultaba posible determinar si el arma al momento de ser incautada era apta para disparar. Por lo tanto, tampoco podían considerarse “satisfechos los requisitos del tipo objetivo de la figura”, es decir, que se configurara el delito que se le acusaba al individuo.

Luego de declarada la nulidad de la prueba policial, en consonancia con el planteo de la Defensa Pública, la jueza consideró que debía rechazarse la postura de la Fiscalía respecto a que, no habiéndose podido comprobar la aptitud del arma, podía estarse frente a la figura prevista en el artículo 85 del Código Contravencional, que sanciona con una multa o bien con 5 a 15 días de arresto a quien porte “en la vía pública, sin causa que lo justifique, cualquier tipo de arma no convencional, de aire o gas comprimido, arma blanca u objetos cortantes o contundentes inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir”. Según la magistrada, ese artículo no contiene referencia alguna sobre las armas de fuego, ni existían indicios de que el imputado quisiera utilizar el arma con fines distintos a los específicos de un arma de fuego.

“En síntesis, se pretende una interpretación forzada del tipo contravencional, para evitar en el caso una laguna de punibilidad, consecuencia de una declaración de nulidad basada en un yerro de dicha parte acusatoria”, afirmó finalmente Botana en este sentido.