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Por su vulnerabilidad social, el Gobierno porteño brindará alojamiento a una mujer

01 de Junio de 2017

Por su vulnerabilidad social, el Gobierno porteño brindará alojamiento a una mujer

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ordenó al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno porteño que presente una propuesta para brindar alojamiento a una mujer de 56 años en situación de calle. Hasta tanto lo haga, se mantendrán los efectos de la medida cautelar que ordenó que se le brinde asistencia.


Al revocar la resolución que había rechazado el amparo iniciado por la mujer, la Cámaradestacóque el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia” y dispone que los Estados tomen medidas para asegurar este derecho. A su vez, la ley 3.706 considera en emergencia habitacional a quienes “habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno”, mientras que la ley 4.036 entiende por vulnerabilidad social a la “condición de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas”. El artículo 23 de esta última, en particular, dispone que son personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad las que, “padeciendo alteración, total o parcial, y/o limitación funcional, permanente o transitoria, física, mental o sensorial”, se hallen bajo la línea de pobreza o indigencia, en estado de abandono, expuestas a maltrato, o bien sujetas a otro factor que implique su exclusión.

En este sentido, la Cámara señaló que el Tribunal Superior porteño, en “K. M. P. c/ GCBA y otros s/ amparo”,admitió que son personas con discapacidad también las que, sin un certificado de discapacidad, acreditan los padecimientos del artículo 23. Es decir que entre las personas vulnerables, además de los discapacitados y adultos mayores, debe contarse a quienes sufren limitaciones que generan “una restricción grave y duradera para su empleabilidad”. Las mismas crean “respecto de la situación de vulnerabilidad frente al ejercicio del derecho a la vivienda, efectos similares a los de una discapacidad”.

En el caso, la Cámara reconoció que no estuvo controvertida la condición vulnerable de la mujer, pues el mismo Gobierno le concedió el subsidio del Decreto 690 y, además, en la causa “en modo alguno se controvirtió sobre bases concretas el cumplimiento de las condiciones formales para acceder a la prestación”. Así, coincidiendo con el argumento dela Defensa Oficial, revirtió el planteo de la Jueza de Primera Instancia que le había impuesto a la amparista la carga probatoria respecto de su vulnerabilidad, planteando que la mujer no se había esforzado para salir de su pobreza y exclusión social.

Teniendo en cuenta no sólo los elementos iniciales obrantes en la causa sino también al momento de la sentencia, los camaristas concluyeron que la mujer está “en una condición asimilable a la prevista en el artículo 23 de la ley 4036”. Pues percibe sólo 300 pesos del “Programa Ciudadanía Porteña” y el subsidio del decreto 690 (por la cautelar vigente). Según el perito psicólogo, presenta un trastorno histriónico de personalidad, excesiva emotividad y búsqueda de atención, lo cual afecta sus relaciones sociales y laborales, precarizándolas (además de sufrir un déficit en su capacidad laboral).

Finalmente, añadieron que la negativa del Gobierno deseguir asistiéndola “se apoya –únicamente– en óbices formales”, lo cual “es objetable porque, sin tomar en cuenta la situación personal de la actora, arriba a una conclusión dogmática que colisiona con la tutela específica e integral que en el ordenamiento jurídico se establece”. De este modo, propusieron hacer lugar a la demanda, “adecuando la condena al criterio adoptado por el TSJCABA para la categoría en la que se encuentra comprendida la actora”, es decir, incluyendo a la mujer dentro de las personas vulnerables frente al ejercicio del derecho a la vivienda, en una situación similar a la que enfrentaría una persona con discapacidad.

En el amparo, iniciado en 2011, la mujer alegaba que estaba sola y en situación de calle, luego de ser desalojada de la pieza que alquilaba con el dinero del programa previsto en el Decreto 690/06 (beneficio cuya extensión se le había denegado por agotar el total allí previsto). Debido a su situación fáctica, el modo en el que ésta afecta sus relaciones sociales y laborales, y a los pocos ingresos percibidos informalmente (que la obligaban incluso a la venta ambulante), debía rotar continuamente entre comedores, merenderos y duchadores, lo que perpetuaba el círculo de reproducción de su pobreza.

En 2013, la Jueza de Primera Instancia había rechazado el amparo, por considerar que la mujer no se había capacitado para superar su exclusión social, ni se había registrado ante la Dirección de Desarrollo Económico a fin de solicitar ayuda para incorporarse en el mercado laboral. “En este contexto, no resulta irrazonable la conducta estatal de no renovarle el subsidio habitacional, máxime teniendo en cuenta que la actora no se encuentran dentro de las previsiones establecidas por el art. 31 de la CCABA que confiere prioridad a los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales”, había afirmado la magistrada.