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Un avance en el reconocimiento y la visibilización de la problemática Trans

03 de Noviembre de 2016

Un avance en el reconocimiento y la visibilización de la problemática Trans

A partir del trabajo conjunto del equipo del Programa Hábitat, Derecho a la Ciudad y Abordaje Territorial en la Ciudad y del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa porteño, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) incluyó a dos mujeres trans dentro de la operatoria de créditos prevista en el “Programa de Liberación de la Traza Bajo Autopista”.


En diciembre de 2015, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad detectó, a través de su trabajo territorial, la situación de dos mujeres trans que enfrentaban el inminente desalojo de la habitación que alquilaban en el asentamiento Lamadrid, afectado por el proceso de relocalización previsto en la causa “Mendoza”, relativa al saneamiento del Riachuelo.

Si bien existen alternativas habitacionales para las familias del asentamiento, la discriminación estructural que sufre el colectivo trans llevó a que ambas fueran invisivilizadas en los relevamientos y, consecuentemente, se les negara su derecho a una solución habitacional definitiva. En efecto, el IVC se negaba a incluir a las dos mujeres trans dentro de la operatoria de créditos prevista para el barrio, en razón de que no cumplían con las condiciones de elegibilidad fijadas por el organismo para el proceso de relocalización: estar censado y vivir en forma permanente en el asentamiento desde el momento del censo hasta ser reubicado.

Para lograr que finalmente sean incorporadas, la Defensoría enmarcó el caso en los Principios de Yogyakarta, documento que recoge estándares sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Argumentó, en este sentido, que los requisitos exigidos por el IVC resultaban discriminatorios contra las personas trans, en razón del impacto diferenciado que las políticas públicas tienen en detrimento de los derechos de este colectivo. En efecto, la ausencia de una perspectiva de género en la planificación, abordaje y resolución de los programas referidos al saneamiento del Riachuelo, había implicado que las condiciones de elegibilidad fijadas por el organismo, que se presentaban en principio como neutrales, tuvieran un impacto altamente discriminatorio sobre las dos mujeres de este colectivo.

Esta respuesta, la primera que se registra en la causa “Mendoza” a favor del colectivo trans, genera la necesidad de repensar las políticas públicas desde una perspectiva de género que efectivamente garantice su visibilidad y se adapte a sus necesidades específicas. Cabe destacar que la Defensoría porteña tiene una activa participación en esta causa, patrocinando a las miles de familias afectadas en la Ciudad por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en julio de 2008 condenó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y prevenir los daños con suficiente y razonable grado de predicción.