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Una decisión del TSJ porteño permite avanzar hacia la consolidación del modelo procesal adversarial

02 de Noviembre de 2016

Una decisión del TSJ porteño permite avanzar hacia la consolidación del modelo procesal adversarial

El 19 de octubre pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad resolvió declarar mal concedido el recurso del Fiscal de Cámara contra la decisión de la Sala III del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas que, a fines del año pasado, hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del artículo 210, párrafo 2, del Código Procesal Penal de la Ciudad (CPPCABA).


Dicha norma dispone que, una vez concluida la audiencia donde -ya clausurada la investigación preparatoria, habiendo formulado el fiscal el requerimiento de juicio y habiéndose corrido traslado a la defensa- se resuelve sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por las partes, el juez de garantías “remitirá el requerimiento de juicio y el acta de la audiencia, para que se designe el/la juez/a que entenderá en el juicio”.

El planteo de inconstitucionalidad fue presentado ante la Sala III por la titular de la Defensoría N° 16, Gabriela Marquiegui Mc Loughlin quien alegó que la remisión del requerimiento al juez del debate, en este caso concreto, vulneraba las garantías que le asisten a todo imputado de ser juzgado por un tribunal imparcial, así como el debido proceso, la defensa en juicio, el principio de legalidad y el de división de poderes. La apelación se centraba en que al remitir al juzgado de juicio los fundamentos probatorios plasmados en el requerimiento, el nuevo magistrado tomaría contacto anticipado con este material, de cuya lectura “se puede observar la mención de la prueba, la descripción del contenido de dicha prueba y su valoración, a su vez del relato del contenido de prueba que fuera excluida” en la audiencia de admisibilidad. Ello afectaba su imparcialidad.

La Sala III, declaró la inconstitucionalidad de la norma, considerando que la remisión del requerimiento efectivamente “afectaba la garantía de imparcialidad, en tanto el magistrado encargado del debate oral tendría la posibilidad de conocer por adelantado los elementos probatorios valorados de manera exhaustiva por el fiscal”. E incluso tomaría “contacto con prueba que no iba a ser finalmente incorporada al juicio, puesto que no había sido –siquiera- admitida”. Según el voto mayoritario, “el requerimiento de juicio es imprescindible para que el juez de garantías pueda evaluar en la audiencia del art. 210 CPP, la prueba cuya producción se va a admitir en el juicio oral, pero ninguna función cumple en manos del juez de debate, menos aun teniendo en cuenta que el juicio comienza con los alegatos de apertura de las parte”. Así, refiriéndose al fallo “Galantine” del TSJ, los magistrados habían entendido que “la preservación absoluta de la imparcialidad del juzgado debe prevalecer sobre el yerro de la norma reglamentaria, que por ello debe ser declara inválida”.

Finalmente el TSJ sostuvo que el recurso promovido por el Fiscal de Cámara contra dicha decisión, no “ha logrado demostrar –más allá de su mero desacuerdo con lo resuelto- cuál es el perjuicio concreto que irroga la decisión”. Además, afirmaron que la misma sentencia de Cámara “tuvo en consideración la necesidad de procurar que la decisión por ella adoptada no comprometa el desarrollo del juicio, contemplando allí la remisión al juez del debate de la “descripción de los hechos efectuada por el MPF en el requerimiento”. Por otra parte, el TSJ entendió que la cuestión planteada ya se había zanjado con la firma de una resolución conjunta entre la Fiscalía General y la Defensoría General donde se había sostenido que “la íntegra transcripción del contenido de las versiones testimoniales en el requerimiento, deviene inadmisible a la luz de [la garantía de imparcialidad], atento a que se le permite conocer de antemano el sentido y contenido absoluto de la prueba”.

De esta forma, la sentencia del TSJ avanza en línea con uno de los propósitos de la gestión del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, que es la consolidación del modelo procesal adversarial. Este modelo, en efecto, garantiza la igualdad de “armas” entre los litigantes y la imparcialidad del juzgador, en consonancia con el mandato constitucional y los estándares internacionales de Derechos Humanos.