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Horacio Corti disertó en México sobre “Crisis e Integración en América Latina”

El Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti brindó, en México, una conferencia sobre “Crisis e Integración en América Latina. Una mirada desde el presupuesto y los DDHH”, organizada por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Ministerio Público de la Defensa porteño. Junto a él estuvieron presentes el Procurador Ambiental, Miguel Ángel Cancino y el Coordinador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Antonio Azuela.

Durante su exposición, el Defensor analizó la relación entre las restricciones financieras que viven los Estados y las exigencias que derivan de los derechos consagrados en las constituciones y los tratados. El problema, planteó, es “cuánto peso están dispuestas las sociedades, Estados o sistemas políticos a otorgarle a los derechos humanos frente a las limitaciones de la hacienda pública”. Para analizar este tema, propuso partir de la teoría de la constitución financiera, una mirada acerca del conjunto de cláusulas que disponen cómo se financia una Constitución, que implica considerar la relación entre derechos fundamentales, órganos públicos y financiación.

Según Corti, desde la década del 70 hasta hoy lo que se ve es una continuidad de políticas de ajuste sucedidas por crisis. “El resultado es la mayor presión para desmantelar el Estado de Bienestar y deshacer las instituciones jurídicas y políticas que sostienen los derechos sociales”, explicó. Uno de los elementos fundamentales del derecho a la ciudad al que se refirió, fue el derecho a la vivienda, vulnerado a menudo en Latinoamérica. “Hoy tenemos tratados internacionales de derechos humanos, observaciones generales sobre el derecho a la vivienda, un material jurídico mayor y, sin embargo, desde los setentas no hay políticas de vivienda en Argentina”, aseveró al respecto.

Destacó que la Defensa Pública porteña representa a las comunidades que reclaman su integración urbana, como también a quienes viven en la calle. “Para nosotros el hecho mismo de que alguien viva en la calle es suficiente vulneración”, señaló el Defensor General. Y explicó: “Tenemos un estudio del impacto presupuestario que implicaría solucionar todos los casos, no sólo los resueltos jurisdiccionalmente de forma favorable, y en el presupuesto es insignificante dar una solución a esta población. Existe en el gobierno y sectores conservadores una mitología: si el Estado hiciera una política social para estas personas que viven en la calle, la Ciudad se llenaría de personas de todo el interior del país buscando este beneficio. Esta mitología expresa un pensamiento conservador, desconoce las realidades de las personas urbanas y no reconoce la dignidad que realmente tienen”.

En cuanto al derecho a la vivienda y el derecho al medio ambiente, afirmó: “Si hay una ocupación histórica y ya se ha creado un barrio en un lugar, hay un derecho a que se urbanice en ese lugar. El asunto es complejo pero se deben encontrar formas racionales de participación de los vecinos, los movimientos sociales, las instituciones. En conjunto, se deben generar mecanismos para armonizar los derechos en juego. Muchas veces eso no es posible y tienen que intervenir los jueces, pero ellos deben cambiar su forma de pensar, abrir sus juzgados para que participen los activistas, los movimientos sociales, los vecinos, las instituciones públicas.”

Finalmente, señaló: “Hoy hay comisiones de derechos humanos, procuradurías, defensorías. La experiencia latinoamericana es muy rica y necesitamos mucha comunicación entre nosotros. Tenemos que ver de qué forma podemos potenciar esa experiencia para que cada uno desde su Ciudad o Estado pueda mejorar la defensa de los derechos humanos”.


Firma de Convenio de apoyo y colaboración

Asimismo, en el marco de la visita del Defensor General al Distrito Federal, se suscribió un Convenio Marco de Apoyo y Colaboración entre el Ministerio Público de la Defensa, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

Corti firmó el acuerdo con el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, Presidente del Tribunal Superior y máxima autoridad, también, del Consejo de la Judicatura (órgano encargado de administrar el presupuesto del Tribunal). Luego de la firma, Corti brindó una Conferencia Magistral sobre "Ley de Presupuestos y Derechos Humanos", en el auditorio María Lavalle Urbina.

 

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