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Causa Mendoza - Cuenca Matanza Riachuelo

Causa “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/EL ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL RIO MATANZA-RIACHUELO"

 

 

La causa del saneamiento del Riachuelo, es probablemente una de las causas estructurales más importantes de América Latina, en ella el Ministerio Público de la Defensa tiene una activa participación patrocinando a las miles de familias afectadas por la sentencia en la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que el fin último de la sentencia es el mejoramiento de la calidad de vida.

Solo es posible la mejora de la calidad de vida garantizando la adecuada participación de los afectados, escuchando su voz y sus necesidades. En defensa de sus derechos, la Defensoría viene trabajando desde hace años acompañando, con un equipo de abordaje territorial y judicial, a los vecinos y cuerpos de delegados organizados en los distintos barrios de la Ciudad.

EL trabajo de la Defensoria engloba tres grandes ejes:

1)Situación de los habitantes de Villas y Asentamientos afectados por el proceso de liberación del camino de sirga en la CABA, que aún viven sobre el camino de sirga (Villa 21- 24, Lamadrid, Villa 26);

2) Situación de los habitantes de Villas y Asentamientos afectados por el proceso de liberación del camino de sirga en la CABA, que han sido relocalizados en conjuntos habitacionales;( C.U. San Francisco, C.U. Padre Mugica, C.U. Piletones, C.U. Lacarra y Cruz)

3)Situación de loshabitantes de las Villas y Asentamientos afectados por la liberación del camino de sirga, pero que viven fuera del camino de sirga y esperan una política de urbanización e integración urbana.(Magaldi, El Pueblito, Villa 21-24, Luján)

El Defensor General de la Ciudad, en oportunidad de la presentación de un informe a la CSJN sobre el Estado de Avance de la Causa, en junio del 2014 sostuvo que las familias afectadas “No somos (no debemos ser) el mero objeto de decisiones administrativas o judiciales, sino personas que tenemos el derecho a ser escuchados sobre nuestras condiciones de vida. (…) y respetadas por las autoridades administrativas y judiciales que ejecutan una sentencia fundamental en nuestra historia “

Antecedentes de la Causa

En 8 de Julio del 2008, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia ordenando a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (1), al Estado nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la Provincia de Buenos Aires (Pcia. de Bs. As.) el saneamiento de la cuenca. Para realizar tal tarea fijó que debían cumplirse tres objetivos claves a través de diversas políticas públicas: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; recomponer el ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelo), y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción.

En este sentido, en 2009 el juez federal de Quilmes dio precisiones a los mandatos de la Corte y ordenó a la ACUMAR que, antes del 31 de diciembre de ese año, planifique y presente en el marco del proceso judicial un proyecto integrador para la Cuenca. Respecto a las cuestiones habitacionales específicamente, solicitó que se planifiquen medidas a fin de evitar nuevos asentamientos y proceder paulatinamente a la urbanización de los existentes. En este marco, la ACUMAR presentó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA) en diciembre de 2009 y posteriormente fue actualizado en marzo de 2010 fijando como uno de sus objetivos el de brindar soluciones habitacional a aquellos se encuentren bajo riesgo ambiental. Este PISA estableció varias líneas de acción, entre ellas, la de urbanización de villas y asentamientos a fin de dar respuestas a la situación de precariedad habitacional incluyendo no sólo la mejora de las viviendas sino también lo relacionado con servicios esenciales. En este sentido, se fijó como prioridad la liberación del camino de sirga o camino ribereño (2) de villas y asentamientos informales a fin de mejorar la situación habitacional de la población así como poder realizar obras que garanticen el acceso público y el mantenimiento del borde del agua. Para ello, sería necesaria la relocalización de los habitantes de aquellas villas y asentamientos que habitan sobre el camino de sirga. En segundo lugar, se dispuso la urbanización de los sectores de esas villas y asentamientos que no eran relocalizadas y permanecían en el mismo lugar. Por último se dispuso la urbanización y/o relocalización de otras villas y asentamientos de la cuenca y de aquellos que residen sobre basurales.

En diciembre de 2010, el juez de ejecución solicitó a la ACUMAR que diseñara un plan de características excepcionales para la relocalización de los habitantes de las villas y asentamientos que se encuentran sobre el camino de sirga. En respuesta a dicho requerimiento, en febrero de 2011, aquellas jurisdicciones que tenían población ubicada sobre el camino ribereño presentaron dicho plan excepcional en el que se definieron las villas y asentamientos afectados, los terrenos comprometidos para su relocalización, cantidad aproximada de familias, etc.

En diciembre de 2012 la Corte dividió el seguimiento del fallo en dos juzgados en función de las materias. El control de los contratos en el marco del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas y del tratamiento de basura quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del Dr. Sergio Torres. Mientras que el resto de las cuestiones quedaron bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Rodríguez.

Asimismo en dicha resolución la Corte hizo mención a la necesidad de instar a la relocalización de los vecinos así como también resaltó que los plazos fijados para dicha tarea se encuentran vencidos a raíz de las demoras en la construcción de las viviendas. Específicamente advirtió que en todos los casos debe garantizarse a las familias relocalizadas el derecho a los servicios públicos esenciales, a la educación, salud y seguridad. Por último la Corte resaltó que debe asegurarse la efectiva participación de aquellos que resultan afectados en este proceso de saneamiento ambiental.

Estado de la causa

A 6 años del dictado de la sentencia de Corte restan relocalizar 1822 de las 2242 (3) afectadas, lo que implica que aún está pendiente la relocalización de más del 81 por ciento de la población afectada.

A junio de 2014, se han relocalizado en la Ciudad de Buenos Aires: asentamiento Luján (29 familias), El Pueblito (128 familias) , Magaldi (118 familias), Villa 21-24 (parcialmente, 109 familias).. Por lo que resta relocalizar en la Ciudad de Buenos Aires: Villa 21-24 (1.225 familias), Villa 26 (215 familias); y en la Provincia de Buenos Aires.

(1)  Ley nacional de creación de la ACUMAR N° 26.168
(2)  Código Civil, Art. 2.639. “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna”.Art. 2.640. “Si el río, o canal atravesare alguna ciudad o población, se podrá modificar por la respectiva Municipalidad, el ancho de la calle pública, no pudiendo dejarla de menos de quince metros.”
(3) Ya fueron relocalizadas  409 familias: 44  familias del asentamiento Lujan, 107 familias de la Villa 21-24, 138 familias de Villa  Pueblito, 119 familias de la Villa Magaldi y 10 familias de los denominados “Sueltitos”.

 

 

 

 

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