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El MPD avanza en la urbanización del barrio Ramón Carrillo

En el marco de una causa iniciada en 2005, la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 de la Ciudad, a cargo de Lorena Lampolio, avanza para lograr que se cumpla con la ley que ordenaba al Gobierno porteño adecuar la infraestructura del Barrio Ramón Carrillo a fin de proveer a sus vecinos de redes de desagües cloacales, pluviales, de distribución de energía eléctrica y de gas natural, además de pavimentación, veredas, pasajes peatonales y alumbrado público.


Ante el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de la realización de los estudios ambientales y toxicológicos ordenados en la causa, la Defensora logró que el Juzgado en lo CAyT N° 11 –a cargo de la jueza Paola Cabezas Cescato- aplique en el caso lo previsto en el artículo 411 del Código CAyT. El mismo establece que “cuando la sentencia condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumple con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el tribunal, se hace a su costa o se le obliga a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del/la acreedor/a”. Es decir que la magistrada accedió a que la prestación que el Gobierno se resistía a efectuar, fuera efectuada por otra persona.

De este modo y considerando la envergadura de la tarea a realizar, se decidió convocar a la Universidad de Buenos Aires para hacer efectiva la decisión incumplida. Pues la Constitución porteña dispone, en su artículo 58, que “la Universidad de Buenos Aires y demás universidades nacionales son consultoras preferenciales de la Ciudad”. En primer lugar, se solicitó la convocatoria de la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agronomía de la UBA a fin de que proceda a realizar el estudio del suelo. La Facultad se encuentra actualmente finalizando dicho estudio, cuyos resultados incidirán en el diseño del muestreo toxicológico y, evidentemente, en el proyecto general tendiente a adecuar la infraestructura del barrio. Asimismo, ya se han acompañado a la causa informes preliminares al respecto.


Por otra parte, en atención al estado actual del expediente y a la nueva conducta asumida por el Gobierno tras el despacho de la jueza –quien inició canales de diálogo con los vecinos para avanzar en el cumplimiento de la sentencia-, desde la Defensoría se está analizando solicitar al Tribunal la convocatoria a la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, para que realice el estudio toxicológico de los habitantes de Ramón Carrillo, en forma conjunta con el Ministerio de Salud.

Cabe recordar que la ley 1.333 había declarado, en 2004, la emergencia ambiental y de infraestructura del barrio y había ordenado a la administración adecuar la infraestructura del asentamiento. Frente al incumplimiento de lo dispuesto en la norma, un grupo de vecinos había iniciado una demanda a fin de que se ordene al Ejecutivo efectuar las obras. Asimismo, pedían que la administración realice un estudio epidemiológico-ambiental del asentamiento para saber el grado de contaminación que allí existe, pues este se construyó donde antes había un basural, las calles y pasajes no tienen pavimento y los fluidos cloacales corren a cielo abierto.

Tras un largo litigio, en 2010 el juez Fernando Juan Lima hizo lugar al amparo y ordenó al Poder Ejecutivo que cumpla con lo dispuesto en la ley, presentando ante el tribunal un proyecto que especifique la asignación presupuestaria y las prioridades establecidas. Además, dispuso que este informara al juzgado y a la Legislatura acerca del avance de las obras, como también acreditara los resultados de un estudio de suelo y realizara un estudio toxicológico de los habitantes del barrio, especialmente de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La decisión del juez fue confirmada por la Sala II de la Cámara del Fuero en 2013.

Registro Único de Peritos

 

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